A horas de la audiencia de formalización citada por la jueza Mónica Lucero, sigue sin definirse si los señalados en la causa del Acueducto Gran Tulum comparecerán este martes. Uno de ellos, el exministro Julio Ortiz Andino, informó que está de viaje, que no podrá presentarse en forma personal y pidió hacerlo por zoom. Defensores de otros imputados sostuvieron que la audiencia debería suspenderse y realizarse más adelante, mientras que en el Ministerio Público mantienen que debe cumplirse y preparan la imputación. La decisión final quedó en manos de la magistrada.
Ortiz Andino integra el grupo de 11 personas convocadas en el expediente conocido como Acueducto gate, en el que la Justicia provincial investiga una denuncia del dirigente político Marcelo Arancibia por presuntas irregularidades en la gestión anterior, vinculadas con la licitación de los caños y la ejecución de la obra. En la audiencia está previsto que el Ministerio Público formule imputaciones por distintos delitos y exponga los fundamentos de esa medida. La cita fue fijada para las 14.30.
La presentación de Ortiz Andino
Según su abogado defensor, el exministro de Infraestructura en la gestión de Uñac está fuera del país por un viaje familiar planificado con antelación. Fuentes del caso indicaron que acompañó documentación sobre la compra de los pasajes en la primera parte del año, con el objetivo de evitar que su ausencia sea interpretada como una maniobra dilatoria. También manifestó su disposición a participar de manera virtual mediante la plataforma zoom.
La jueza debe resolver si acepta esa modalidad o si posterga la audiencia. Una de las incógnitas es si la decisión será tomada antes del inicio o durante el desarrollo de la convocatoria. Si opta por resolver en el momento, 10 de los 11 sospechosos deberían presentarse en Tribunales. Si decide antes, la comparecencia presencial quedará diferida y la audiencia podría reprogramarse para otra fecha.
Antecedente inmediato
Los defensores se apoyan en lo ocurrido en la primera convocatoria, cuando Lucero no autorizó la participación virtual del actual diputado nacional y expresidente de OSSE, Cristian Andino, por encontrarse en una reunión de comisión en el Congreso. En ese caso, la magistrada reprogramó la audiencia para el 10 de noviembre. Sobre esa base, sostienen que ahora debería aplicarse el mismo criterio y fijarse una nueva fecha para que todos los convocados estén presentes físicamente en el palacio de Tribunales.
Desde el Ministerio Público, el fiscal Sebastián Gómez sostuvo en la audiencia anterior que tener responsabilidades laborales no justifica ausentarse y que un sospechoso no puede eludir la orden judicial de comparecer. Fuentes de la Fiscalía reiteraron que no ven motivos para una nueva postergación y que la jueza podría autorizar la participación por zoom sin alterar el trámite. También advirtieron que una suspensión volvería a dejar el expediente sujeto a una futura presentación con efectos dilatorios.
Los imputados y la obra
Además de Julio Ortiz Andino, entre los involucrados figuran el exgobernador y actual senador Sergio Uñac; Cristian Andino; Gustavo Mastelono, presidente y representante de Krah América Latina S.A.; el juez Gonzalo Caballero, quien al momento de los hechos era responsable legal de OSSE; y los ex presidentes de la empresa estatal Sergio Ruíz y Guillermo Sirerol. También están los exfuncionarios Francisco Javier Correa, Juan Carlos Caparrós, Juan Antonio Sánchez y Rolando Vicente Caruso.
Los fiscales les atribuyen haber manipulado la licitación de los caños para favorecer a Krah, que tenía a Gustavo Monti, primo de Uñac y ya fallecido, como representante local. Además, sostienen que las cañerías aportadas por la empresa eran defectuosas y que la obra no se ejecutó pese a que la provincia tomó un crédito de 100 millones de dólares con ese destino. Mientras se espera la definición judicial, en el edificio de 25 de Mayo consideran firme la convocatoria y preparan la sala de audiencias. Si la cita se concreta, desde el entorno de Uñac y Andino anticiparon que se presentarán.
El caso sumó en las últimas horas un elemento adicional a partir de la presentación realizada por Ruiz. La jueza federal María Romilda Servini envió un escrito a Lucero para que detalle aspectos del expediente y así determinar si la causa corresponde a la justicia provincial o federal. Esa definición puede incidir en la continuidad del trámite en San Juan o en su eventual pase a Comodoro Py, mientras la audiencia prevista para este martes sigue pendiente de resolución.
