Un efectivo del Comando Radioeléctrico Norte de la Policía de San Juan se presentó este viernes ante la Justicia, luego de que se librara una orden de captura en su contra por los presuntos delitos de violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial. El policía fue identificado como Facundo Joaquín Fernández, quien quedó vinculado a una investigación en la que ya estaba imputado por lesiones y amenazas agravadas. La causa se originó a partir de una denuncia de su expareja y derivó en medidas de restricción dictadas por el juez de Garantías Guillermo Adárvez.
Antecedentes de la causa
Según consta en el legajo, la investigación inicial comenzó el 12 de junio último a partir de la denuncia de la expareja de Fernández, quien lo acusó de haberla golpeado y amenazado de muerte. En esa instancia, una fiscal de la UFI CAVIG le imputó los delitos de lesiones y amenazas agravadas. Además, el juez Guillermo Adárvez le prohibió acercarse y tomar contacto por cualquier medio con la denunciante, en el marco de una medida de protección vigente.
Nueva denuncia y pedido de detención
La nueva presentación judicial fue impulsada el 8 de septiembre, cuando la misma denunciante aseguró que Fernández habría ingresado en su domicilio pese a la prohibición dispuesta. A partir de esa denuncia, la ayudante fiscal Silvina Zogbe, de la UFI Genérica, pidió el 9 de septiembre una orden de allanamiento, secuestro y detención. El procedimiento se concretó el 12 de septiembre en una vivienda de Chimbas, pero el efectivo no fue localizado y luego se libró una orden de captura.
Presentación y audiencia
Fernández compareció este viernes acompañado por su abogada, María Rosa Sánchez Salmuni. En la audiencia, la defensora sostuvo que su cliente desconocía la existencia de la orden de detención y señaló que, además de su tarea policial, trabaja como chofer de DiDi y pasa gran parte del día trabajando para sostener a sus dos hijos. La fiscalía no se opuso a la presentación ni pidió que permaneciera detenido, según consta en la audiencia.
Resolución judicial
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó que Fernández fuera imputado por violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial. El juez dio por habilitada la investigación y ordenó acumular este nuevo legajo a la causa original iniciada en junio. Además, la fiscalía pidió medidas de protección para la denunciante, entre ellas la prohibición de acercamiento a un radio de 200 metros de su domicilio, lugar de trabajo o estudio, la prohibición de realizar actos molestos o perturbatorios y de mantener cualquier tipo de comunicación con ella o sus familiares, por el plazo de tres meses. El magistrado dispuso la libertad de Fernández bajo esas restricciones.
La investigación continúa en la UFI Genérica y, por el momento, la situación procesal del efectivo quedó sujeta al avance del legajo acumulado y al cumplimiento de las medidas fijadas por el tribunal.
