La Unidad Fiscal San Juan informó que, hasta el momento, no se estableció una causa determinada del accidente aéreo ocurrido el 29 de julio de 2026 en el Parque Provincial Ischigualasto, hecho que provocó la muerte de siete ocupantes del helicóptero. La investigación tramita ante el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de esa unidad, a cargo del fiscal general Francisco Maldonado y con intervención de la auxiliar fiscal Mariana Gauto Baloc. Según el comunicado, las medidas en curso buscan reconstruir la trayectoria de la aeronave y precisar las circunstancias del siniestro.
Medidas de prueba Entre las diligencias ya realizadas figuran inspecciones y rastrillajes en el lugar del impacto, peritajes sobre la aeronave, autopsias, entrevistas a testigos, análisis de dispositivos electrónicos y la incorporación de documentación técnica, aeronáutica y meteorológica. También se encuentra en trámite un peritaje accidentológico para establecer la trayectoria de vuelo y la posible causa del accidente. La fiscalía además trabaja sobre el contenido del registrador de datos de vuelo y de voces de cabina, un equipo dañado severamente por el impacto.
El helicóptero era un Bell Helicopter 412 EP, matrícula LV-KGR, propiedad de la empresa JASFLY S.A., y había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para prestar funciones para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). El siniestro ocurrió en la zona denominada Quebrada de la Chilca, cuando brigadistas y funcionarios de distintos organismos de San Juan se dirigían a San Agustín de Valle Fértil para una jornada de capacitación sobre manejo del fuego en incendios forestales. En el hecho murieron el piloto Matías Juan Pablo Valenzuela, de 53 años; el director de Protección Civil de San Juan, Dante Carlos Heredia, de 55; el jefe de la Dirección de Bomberos D-9 de la Policía de San Juan, Rodolfo Rubén Castro, de 52; el segundo jefe de esa dependencia, Jorge Carlos Carbajal, de 50; los bomberos voluntarios y agentes del SNMF Andrés Damián Bosch, de 47, y Rodrigo Sebastián Aimetta, de 43; y el subjefe de la Policía de San Juan, comisario general Marcelo Germán Videla, de 52.
Operativo en el lugar Las autoridades detallaron que el sitio del impacto está en una zona de difícil acceso dentro del parque. Desde la entrada fue necesario recorrer aproximadamente 23 kilómetros en vehículos 4x4 y luego otros 8 kilómetros a pie. La División Fotografía y Planimetría del Departamento de Policía Científica realizó un informe técnico con croquis de geolocalización, mediciones y fotografías del lugar del hecho. A su vez, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) recuperó entre los restos el registrador combinado de datos de vuelo y voces de cabina.
Autopsias y preservación Los cuerpos fueron extraídos, identificados y trasladados en helicóptero hasta el ingreso del parque, en un operativo que requirió cuatro vuelos porque en cada traslado solo podían transportarse dos cuerpos. Luego fueron derivados a la Morgue Judicial. En todos los casos se determinó que las muertes fueron violentas y se produjeron por politraumatismos. Para la identificación se hicieron exámenes odontológicos y toma de huellas dactilares. En el caso del piloto, se dispuso un examen toxicológico que no pudo realizarse por la gravedad de las lesiones, y también un estudio histopatológico. El 18 de septiembre, el juez interviniente ordenó una prohibición de innovar por 60 días corridos sobre los restos de la aeronave, a pedido de la fiscalía, para preservar la evidencia mientras continúan las diligencias.
Datos pendientes El 9 de septiembre, la Unidad Fiscal pidió autorización judicial para exportar temporariamente el registrador de vuelo y voces de cabina a la sede de la National Transportation Safety Board (NTSB), en Estados Unidos, con el objetivo de intentar recuperar la información almacenada. Según la JST, la NTSB otorgó turno para iniciar los trabajos el 12 de octubre y fijó como fecha tentativa de finalización el 20 de octubre. En paralelo, el 14 de agosto se realizó una nueva inspección ocular con participación de la fiscalía y de distintas dependencias de Gendarmería Nacional, durante la cual se secuestraron tres celulares, un teléfono satelital y una notebook, además de efectos personales restituidos a los familiares. El análisis de esos dispositivos y del peritaje sobre la computadora seguían en trámite al momento del informe, mientras que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) aportó el plan de vuelo y los registros del desplazamiento de la aeronave.
