El robo de un celular durante un viaje a Brasil derivó en un perjuicio económico para Jorge Coll, propietario de Farmacia San Martín, que denunció una operatoria de más de 1.600 transacciones en pocos días. Según el relato incorporado al expediente, tras la sustracción del teléfono delincuentes habrían accedido a sus servicios financieros y vaciado parte de sus cuentas. El daño económico que reclama ronda los $200 millones y 6.000 dólares.
La maniobra involucró, de acuerdo con la presentación, a Banco Supervielle, Banco Galicia y la billetera virtual Naranja X. Entre los movimientos observados, se detectaron cinco transacciones concretadas en apenas 44 segundos. También figuran transferencias de montos elevados desde cuentas que, según el planteo, solían registrar escasa actividad. Esa secuencia es uno de los puntos centrales del reclamo porque, según se sostiene, no habría sido frenada a tiempo.
Controles bajo examen El planteo judicial pone el foco en los mecanismos de seguridad de las plataformas financieras y en la capacidad de respuesta frente a operaciones inusuales. La discusión gira en torno a si debieron activarse alertas, bloqueos preventivos o verificaciones adicionales para confirmar que era el titular quien operaba. En ese marco, la velocidad y el volumen de las transacciones son los elementos que sustentan la sospecha sobre una eventual falla de control.
Vías judiciales Coll inició dos caminos. Por un lado, presentó una denuncia penal para que se investigue cómo se produjo el acceso a sus cuentas y quiénes ejecutaron las operaciones. Por otro, promovió una demanda civil contra Banco Supervielle, Banco Galicia y Naranja X, con el objetivo de obtener reparación por las pérdidas y por las presuntas fallas en los sistemas de resguardo de fondos. En esta etapa no se informaron resoluciones judiciales, por lo que el caso sigue sujeto a prueba y a la determinación de responsabilidades.
Próximos pasos La investigación deberá precisar cómo se concretó el vaciamiento, qué mecanismos de seguridad estaban activos al momento de los movimientos y qué responsabilidad le cabe a cada uno de los actores involucrados. El dato más relevante para seguir el expediente es la trazabilidad de las operaciones, porque de allí dependerá tanto la eventual atribución penal como el alcance de la demanda civil. Hasta ahora, el reclamo se apoya en la secuencia de transacciones y en la magnitud del perjuicio denunciado.
