La causa por la muerte de Ángela Lita Álvarez, la jubilada hallada sin vida en su casa del barrio Alberdi, en Santa Lucía, quedó sin personas detenidas tras la liberación de los tres imputados que seguían bajo prisión preventiva. La decisión no cerró el expediente ni modificó la imputación, que continúa en trámite por robo seguido de muerte.
Los beneficiados con la medida fueron Alexander Ariel Flores, Gabriel Alejandro Pozo y Nahuel Ángel Vera. Antes, Cristian Nahuel Videla ya había recuperado la libertad por un criterio similar, luego de que los estudios de ADN no encontraran rastros suyos en la escena ni en el cuerpo de la víctima. Con esa resolución previa, el expediente ya había quedado con una sola línea de encierro cautelar para los otros tres acusados.
La decisión fue adoptada por el juez Pablo León a partir del planteo del defensor oficial Hugo Trigo, quien pidió revocar las prisiones preventivas de sus representados. El abogado sostuvo su pedido en las pericias genéticas, que no hallaron huellas que vincularan a los acusados con el cuerpo de la jubilada, y entendió que ya no se justificaba mantener la medida más gravosa. Como alternativa, propuso sustituirla por otras restricciones previstas en el artículo 295 del Código Procesal Penal, que permite controlar a un imputado sin que permanezca detenido.
La ayudante fiscal Agostina Pérez, en representación del Ministerio Público Fiscal, no se opuso al cambio de situación procesal. De todos modos, aclaró que la decisión no implica descartar el delito investigado ni cerrar la causa. Señaló además que las pruebas reunidas ubican a los acusados en el lugar del hecho, aunque todavía no existe evidencia concreta que los vincule de manera directa con la muerte de la mujer.
Medidas vigentes
El juez ordenó la libertad inmediata de los tres imputados, siempre que no exista otra causa que justifique su detención. También dispuso que deben presentarse una vez por mes en la comisaría más cercana a su domicilio, comparecer cada vez que sean citados por la Justicia y no salir de la provincia sin autorización judicial. Esas restricciones regirán hasta el 30 de julio de 2027, plazo fijado para la investigación.
El caso sigue bajo la hipótesis fiscal de que los acusados habrían ingresado en varias oportunidades a la vivienda de Álvarez para sustraer electrodomésticos y muebles. La pesquisa se activó cuando un vecino observó a personas que intentaban sacar una heladera en un carro atado a una bicicleta. La autopsia estableció que la mujer murió por asfixia por sofocación, un dato central para la reconstrucción judicial del hecho.
Con la resolución de Pablo León, el expediente queda sin detenidos, pero la investigación continúa abierta y los cuatro imputados permanecen vinculados a la causa. El próximo hito procesal está marcado por el plazo de la pesquisa, que seguirá vigente hasta el 30 de julio de 2027.




