El juez Guillermo Heredia extendió por otros cinco meses la prisión domiciliaria de los empresarios Rubén Martín González y Denise Robles, imputados en una causa por la presunta estafa en la venta de lotes que, según la investigación, habría afectado a más de 200 personas y generado un perjuicio superior a los $1.000 millones.
La resolución se dictó este jueves en una audiencia realizada en Tribunales. Allí, los abogados querellantes Néstor Olivera y Marcelo Sández pidieron que ambos continuaran detenidos, pero en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas. El planteo se fundó en presuntas irregularidades en el cumplimiento de las condiciones fijadas para la detención domiciliaria.
Cuestionamientos de la querella
Durante la audiencia, la querella mencionó una supuesta salida de González de su vivienda y un episodio en el que Robles Bonadé presuntamente no habría atendido a efectivos policiales. Según los representantes de los damnificados, esos hechos ponían en duda el cumplimiento de las restricciones judiciales y justificaban modificar la modalidad de detención. La defensa no quedó detallada en el texto original.
Heredia rechazó el traslado al considerar que no se habían presentado elementos documentales suficientes para acreditar los incumplimientos denunciados. Con esa decisión, los dos empresarios seguirán privados de la libertad en sus domicilios mientras avanza la investigación penal. La medida se mantiene en un expediente que reúne una multiplicidad de operaciones vinculadas con la comercialización de terrenos.
Imputaciones y alcance del expediente
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, a González se le atribuyen 159 hechos de estafa, mientras que Robles Bonadé enfrenta imputaciones por 141 hechos. En el caso de González, la acusación contempla presunta estafa y desbaratamiento de derechos, en concurso real y en calidad de autor. Para Robles Bonadé, la imputación incluye presunta estafa, estelionato y desbaratamiento de derechos, también en concurso real y como autora.
Ambos empresarios llevan más de 20 meses alcanzados por medidas cautelares en el marco del proceso. La nueva prórroga fija un nuevo tramo de control judicial por otros cinco meses, mientras la causa continúa en etapa de investigación y se mantienen pendientes las definiciones sobre el eventual avance hacia instancias procesales posteriores.
