Caucete. Gendarmería Nacional secuestró $120.934.030 en efectivo a dos hombres oriundos de Mendoza durante un control realizado el martes por la noche en el paraje Vallecito, en Caucete. El dinero estaba distribuido en once bolsines precintados y era transportado en una camioneta Volkswagen Amarok. La intervención derivó en la apertura de una revisión judicial sobre el origen de los fondos y la regularidad del traslado.
Identificación y versión. Los hombres fueron identificados como Ariel Acevedo y Leonardo Cisneros. Según manifestaron, trabajaban como cobradores de una empresa y regresaban de realizar gestiones en La Rioja y Catamarca. La modalidad del traslado generó dudas en el procedimiento y la Justicia Federal dispuso el secuestro del dinero, de los celulares y de la documentación que llevaban consigo.
Presentación judicial. Este miércoles, la abogada María Filomena Noriega se presentó en representación de Guerrier SAS, una empresa de seguridad mendocina, y sostuvo que no hubo delito. De acuerdo con su exposición, la firma había sido contratada por la distribuidora Al Norte Distribuciones S.R.L. para cobrar facturas a clientes de ambas provincias. La postura quedó asentada ante la Justicia como explicación del origen del dinero trasladado.
Documentación aportada. La empresa afirmó que los fondos correspondían a pagos de ocho clientes y presentó facturas, recibos, el contrato de servicio y su habilitación para respaldar esa versión. También indicó que la camioneta contaba con seguimiento satelital y cámaras internas. Esa documentación será parte del análisis judicial para determinar si el dinero tiene origen lícito y si el traslado se realizó conforme a las exigencias legales y operativas aplicables.
Próxima definición. La Justicia deberá evaluar ahora si los papeles presentados alcanzan para acreditar el circuito comercial invocado y si la operatoria observó las condiciones exigibles para el transporte de efectivo. Hasta que esa revisión concluya, el dinero, los teléfonos y la documentación permanecen bajo resguardo judicial. El punto pendiente es si el expediente cerrará sin reproche penal o si surgirán nuevas medidas de prueba sobre la maniobra.
