La causa por el femicidio de Gemma Álvarez ingresó en una etapa de fuerte tensión judicial y social. La estrategia de la defensa de Matías Marín, orientada a revisar la prisión preventiva dictada en su contra, abre la posibilidad de una modificación en su situación de encierro, mientras la familia de la víctima prepara una respuesta en la calle para reclamar que no haya beneficios.
La defensora Filomena Noriega impugnó la resolución del juez de Garantías Sergio López Martí, que había ordenado un año de prisión preventiva para Marín luego de imputarlo por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. La discusión pasará ahora al Tribunal de Impugnación, que deberá definir si la medida se mantiene, se modifica o queda sin efecto.
En ese escenario, la defensa podría insistir con argumentos vinculados al estado de salud del acusado. Antes de ser detenido, Marín habría intentado quitarse la vida y fue hallado en Villa Obrera con cortes en ambas muñecas. Además, durante la audiencia de formalización dijo sentirse mal y se dispuso un cuarto intermedio para su atención.
Ese cuadro alimenta la posibilidad de que la defensa plantee una alternativa al encierro en el Penal de Chimbas, como una prisión domiciliaria. Sin embargo, cualquier salida de ese tipo generó un rechazo inmediato entre los allegados de Gemma, que consideran inadmisible una morigeración en una causa de esta gravedad.
La familia de la víctima prepara una movilización frente a Tribunales junto con organizaciones sociales y feministas. El reclamo será directo: que Marín continúe preso y que la causa avance hacia la pena máxima. Griselda Álvarez, madre de Gemma, siguió de cerca cada instancia del expediente y se presentó en Tribunales en distintas oportunidades para interiorizarse sobre el avance de la investigación.
La querella, a cargo de la abogada Fabiana Salinas, también dejó en claro que no avala una salida negociada. Aunque por ahora no hay un juicio abreviado sobre la mesa, la postura de la familia es que la acusación debe sostenerse en busca de la condena más severa.
La Fiscalía, por su parte, sostiene que Marín persiguió a Gemma cuando ella iba a trabajar en motocicleta, la encerró con un automóvil hasta hacerla caer y luego la atacó con un arma blanca. Según la reconstrucción preliminar presentada por el fiscal Nicolás Schiattino, con intervención del ayudante fiscal Rodrigo Cabral, el acusado le habría asestado 31 puñaladas a su expareja.
Los gritos de Gemma fueron escuchados por un efectivo policial que se encontraba en una planta transformadora cercana. El agente realizó un disparo disuasorio al aire y, tras ese momento, el agresor escapó. Gemma ya había denunciado a Marín por violencia de género el 1 de julio, ante la UFI CAVIG. La pareja estaba separada después de más de una década de relación y tenía una hija en común de 11 años.
Tras el ataque, Marín permaneció prófugo durante varias horas hasta que fue encontrado en Villa Obrera, con lesiones en ambas muñecas. Recibió asistencia médica antes de ser trasladado a Tribunales. Incluso, vecinos que lo reconocieron como sospechoso intentaron agredirlo, por lo que hubo que reforzar el operativo.
La definición del Tribunal de Impugnación será decisiva para el rumbo inmediato del expediente. En paralelo al debate técnico sobre la prisión preventiva, se profundiza una disputa de fondo: la defensa busca aliviar la situación procesal del acusado y la familia de Gemma se prepara para exigir, públicamente, que no haya concesiones y que la respuesta judicial sea la máxima prevista por la ley.
