La Justicia sanjuanina formalizó este martes la imputación contra Argentino Amorós, de 70 años, por el siniestro vial ocurrido el domingo en la zona limítrofe entre Rawson y Pocito, donde murió el motociclista Andy Nahuel Quispe, de 23 años. El conductor de la camioneta quedó acusado de homicidio culposo y seguirá el proceso en libertad.
La resolución fue adoptada en una audiencia encabezada por la jueza de Garantías Carolina Parra. En representación de la UFI Delitos Especiales intervino el fiscal Francisco Pizarro, quien obtuvo un plazo de tres meses para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria (IPP), es decir, la etapa en la que se reúnen pruebas para definir si corresponde avanzar a una acusación formal.
Prueba y medidas Durante ese período, la Fiscalía deberá incorporar elementos para establecer cómo se produjo el choque y si existió responsabilidad penal de Amorós. Además, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se analice la retención de la licencia de conducir del imputado mientras continúan las actuaciones. Esa medida quedó planteada en el marco de una causa que todavía debe precisar la mecánica del impacto.
El accidente ocurrió alrededor de las 16 del domingo. Según los datos expuestos en la audiencia, Quispe circulaba en una motocicleta Honda Titán por Calle 5, mientras Amorós se desplazaba en una Ford F-100 por calle Frías. Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar qué ocurrió en la intersección donde se produjo la colisión.
Versiones contrapuestas De acuerdo con la hipótesis del fiscal Pizarro, el conductor de la F-100 avanzaba de sur a norte por calle Frías y habría atravesado el cruce sin detenerse ni adoptar las precauciones necesarias. Para la Fiscalía, esa conducta podría configurar una imprudencia con consecuencias penales y sostener la acusación por homicidio culposo. La defensa, en cambio, planteó una versión distinta: el abogado Edgardo Gómez afirmó en la audiencia que habría sido la motocicleta la que impactó contra la camioneta.
Con Amorós en libertad, la UFI Delitos Especiales dispone ahora de tres meses para profundizar la investigación y reunir los elementos que permitan precisar la mecánica del siniestro y definir si corresponde atribuir responsabilidad penal al conductor de la camioneta. Ese plazo será el marco inmediato para la producción de prueba y para eventuales nuevas decisiones sobre medidas de coerción o de resguardo vial.
