San Juan. Goldstein Construcciones S.R.L. negó haber participado en maniobras ilícitas, rechazó incumplimientos en la entrega de departamentos y afirmó que colabora con la Justicia en una causa penal en trámite. La empresa difundió un comunicado para responder a las versiones que circularon en los últimos días y sostuvo que se considera damnificada por el accionar de un tercero.
La firma señaló que puso a disposición de la Justicia la documentación vinculada con la investigación, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos. También descartó que existiera un incumplimiento en la entrega de los departamentos mencionados en el caso y afirmó que resulta incorrecto sostener lo contrario. En su mensaje, evitó formular acusaciones públicas mientras el expediente sigue abierto.
Antecedentes del caso El pronunciamiento empresarial se conoció después de que la Justicia Penal de San Juan formalizara la investigación contra el empresario Iván Federico Goldstein, en una causa por el presunto desbaratamiento de derechos acordados vinculada con departamentos de los edificios Catamarán. Esa figura penal se aplica, en términos generales, cuando se investiga la afectación de derechos previamente convenidos entre partes.
La defensa, encabezada por el abogado Rubén Pontoriero, sostuvo que no existió delito y que el conflicto debería resolverse en el fuero civil. Según su versión, la disputa se originó en contratos asociados a una deuda que rondaría entre 240.000 y 260.000 dólares por cada departamento, suma que —siempre de acuerdo con el letrado— no habría sido cancelada. Pontoriero afirmó además que Goldstein actuó en función de una cláusula contractual que habilitaba la rescisión ante la falta de pago.
Plazo de investigación La empresa también remarcó su trayectoria en el mercado de la construcción sanjuanino y afirmó que cuenta con más de cinco décadas de actividad, más de 20 edificios construidos y cientos de unidades entregadas. En paralelo, la defensa cuestionó la validez de documentación incorporada posteriormente al conflicto y dijo no contar con constancias contables que acrediten el pago de esas unidades. La Justicia dispuso un plazo de un año para investigar el caso, mientras que desde la defensa plantearon que la cuestión civil y la penal deberían quedar esclarecidas antes del vencimiento del plazo de entrega de las viviendas, fijado en 24 meses.
