El fiscal Roberto Mallea, de la UFI ANIVI, explicó cómo se inició la investigación que concluyó con la condena a 10 años de prisión efectiva de una mujer acusada de facilitar la prostitución de su hija y ejercer violencia sobre ella. La causa reunió dos denuncias presentadas el 14 de enero de este año y luego unificadas en una sola pesquisa. El expediente sigue abierto en una línea puntual: identificar a los hombres que habrían tenido contacto con la menor.
Según detalló el fiscal, una de las presentaciones ingresó en el CAVIG y la otra en la UFI ANIVI. La primera estaba vinculada a lesiones agravadas por el vínculo, mientras que la segunda denunció la presunta facilitación a la prostitución agravada por la edad de la víctima y por el vínculo familiar. Mallea señaló que ambas actuaciones fueron remitidas para tramitar una única investigación bajo la órbita de su fiscalía.
“Recibimos una denuncia el 14 de enero de este año, en realidad fueron dos denuncias, una se realizó en CAVIG y la otra se realizó en ANIVI”, dijo Mallea. El fiscal indicó que las denuncias fueron realizadas por personas cercanas a la menor. A partir de la unificación, la investigación permitió reconstruir que los hechos comenzaron cuando la niña tenía 9 años y se extendieron durante varios años; actualmente, la víctima tiene 13.
Prueba reunida
De acuerdo con lo expuesto por el fiscal, la prueba incorporada permitió sostener que la mujer facilitaba el ingreso de hombres y permitía situaciones de abuso contra su hija. Mallea aclaró que los hechos investigados fueron considerados abusos simples y que la médica legista no constató lesiones en las partes íntimas de la menor. Sí se verificaron lesiones en el cuerpo y en la integridad física de la niña, según precisó en su declaración.
“No hubo penetración conforme lo establecido o lo dictaminado por la médica legista, no hubo lesiones en realidad en las partes íntimas de la niña, pero sí había lesiones en su cuerpo, en su integridad física”, afirmó el fiscal. Por ese motivo, además de la acusación por facilitación a la prostitución, la investigación incluyó el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. La condena a 10 años de prisión efectiva cerró la etapa principal del proceso, aunque no agotó todas las líneas de búsqueda abiertas en la causa.
Búsqueda pendiente
Otro eje de la investigación sigue centrado en la identificación de los hombres que habrían tenido contacto con la menor. Mallea indicó que la Brigada de Investigaciones trabajó para reunir datos, pero hasta ahora no logró información suficiente para avanzar contra ellos. “La investigación no se ha cerrado en ese sentido. En el caso de que llegara a aparecer a alguien se le va a imputar el delito”, sostuvo. El fiscal también afirmó que no surgieron elementos que indiquen la existencia de otras menores víctimas.
Respecto del intercambio que habría estado detrás de los hechos, Mallea señaló que no se trataba de grandes sumas de dinero. Según explicó, la mujer habría permitido esas situaciones a cambio de drogas u otros elementos de escaso valor. “Eran cuestiones que a uno no le entra en la cabeza, pero por droga, a lo mejor por cosas insignificantes, no eran sumas exageradas”, relató. La Fiscalía mantiene abierta la línea de investigación sobre los eventuales partícipes y, si aparecen nuevos elementos, podrían derivar en imputaciones adicionales.
