Un episodio que comenzó como una discusión vinculada a una relación de pareja derivó en una causa penal, pero terminó con una salida alternativa al juicio. La Justicia homologó un acuerdo de reparación integral entre Yanina Maribel Segura Galván y Giselle Mirna Puebla Macías, quienes se denunciaron mutuamente por agresiones físicas en Rawson.
La resolución establece que ambas deberán entregar $40.000 cada una a FUNDAME, en un plazo de 10 días, a través de la Oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial. Si cumplen con lo pactado, se extinguirá la acción penal y luego podrá avanzarse con el sobreseimiento.
El caso pone en evidencia el uso de mecanismos previstos por el Código Procesal Penal de San Juan para encauzar determinados conflictos sin llegar a un proceso penal tradicional. En este tipo de situaciones, la reparación integral aparece como una herramienta orientada no solo a compensar el daño, sino también a descomprimir tensiones que podrían prolongarse en el tiempo.
El hecho que dio origen al expediente ocurrió el 28 de abril de 2026, en inmediaciones del barrio Amecon 4, en Rawson. Según la versión de Segura, ella se acercó para hablar con Víctor Poblete y entregarle mercadería destinada a la hija que tienen en común, pero la situación escaló cuando apareció Puebla. De acuerdo con su relato, recibió insultos y luego golpes en el rostro, por lo que respondió de la misma manera antes de retirarse.
Puebla, en cambio, sostuvo una versión distinta: afirmó que Segura llegó hasta su domicilio y agredió primero a Poblete, para luego golpearla también a ella. Ante esa situación, llamó al 911 y Segura se fue del lugar. Ambas admitieron que ya existía un conflicto previo ligado a la relación sentimental que Segura había mantenido con Poblete.
Más allá del aporte económico, el acuerdo incluye un compromiso de convivencia mínima entre las partes. Las dos asumieron la obligación de evitar nuevos enfrentamientos, un punto central si se tiene en cuenta que sus hijas mantienen un vínculo familiar entre sí.
La causa tramitó con intervención de la UFI Genérica, a cargo del fiscal Adrián Riveros y la ayudante fiscal María Alejandra Rossi, bajo la coordinación de los fiscales Ignacio Achem y Daniela Pringles. La decisión judicial deja así una señal sobre la preferencia por salidas restaurativas en conflictos donde la continuidad del enfrentamiento puede profundizar las consecuencias personales y familiares.
