Una mujer fue denunciada en San José de Jáchal por presunto ejercicio ilegal de la Psicología, luego de difundir en redes sociales contenidos sobre depresión, ansiedad y supuestos métodos para tratar la salud mental sin contar con título universitario ni habilitación provincial. La causa derivó en una suspensión del juicio a prueba por un año, con una reparación económica de $100.000 y 40 horas de trabajos comunitarios.
La protagonista del caso es Carina Alejandra Vergara, denunciada el 13 de noviembre de 2025 por Melisa Rodríguez, entonces presidenta del Colegio de Psicólogos de San Juan, según consta en el expediente judicial. De acuerdo con la investigación, Vergara se presentaba en plataformas digitales como psicóloga social y publicaba videos sobre Psicología, Psiquiatría y salud mental. Entre esos contenidos figuraban referencias a la depresión, la ansiedad y una supuesta metodología de “programación del cerebro” orientada, según sus publicaciones, a curar la depresión.
La pesquisa estableció que la acusada había cursado estudios de Psicología Social en la Fundación Casa Cuna de Córdoba, donde obtuvo un certificado y una matrícula interna. Sin embargo, esos antecedentes no la habilitaban para ejercer profesionalmente en San Juan, donde no contaba con título universitario habilitante ni autorización para desempeñarse en esa actividad. Ese fue el eje de la denuncia y del posterior trámite judicial.
Intervención fiscal Al tratarse de un hecho registrado en Jáchal, la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal del Norte, con intervención del fiscal Gastón Salvio y la ayudante fiscal Ana Laura López. Según el expediente, el acuerdo de suspensión del juicio a prueba fue firmado el 2 de noviembre. La medida evita la realización de un juicio oral, pero queda condicionada al cumplimiento de las pautas fijadas por la Justicia.
Condiciones del acuerdo Como parte de la probation, Vergara deberá pagar $100.000 en concepto de reparación simbólica, en dos cuotas de $50.000, con destino a la institución que determine la Oficina Judicial Multifuero. Además, deberá cumplir 40 horas de trabajos comunitarios no remunerados en un plazo máximo de tres meses. Durante el año de prueba, su situación procesal quedará sujeta al cumplimiento estricto de esas obligaciones, que serán las variables a controlar en adelante.
