La familia de Uriel volvió a reclamar que se le reconozca participación formal en la causa como querellante, figura procesal que permite actuar junto a la fiscalía en representación de la víctima. Javier Ríos, padre del joven fallecido, sostuvo que el abogado de la familia no pudo intervenir en las audiencias realizadas durante la tarde y pidió cambios legales para ampliar las herramientas de intervención de los familiares.
El planteo apunta a que los allegados a la víctima puedan seguir de cerca el expediente y ejercer un rol activo en el proceso judicial. Según el reclamo expuesto por Ríos, la discusión no se limita a este caso, sino que se vincula con una modificación normativa para que las familias tengan mayor capacidad de participación en audiencias y etapas de la investigación. En ese marco, la familia insiste en que su intervención no debería quedar restringida por las condiciones actuales del trámite.
Hipótesis en la causa En relación con la investigación, Ríos se refirió a uno de los adolescentes que había quedado en libertad y afirmó que, a partir de las imágenes incorporadas al expediente, la familia no lo considera el presunto autor de la muerte de su hijo. En cambio, señaló que esa responsabilidad recaería sobre el otro adolescente que se entregó inicialmente. Se trata, sin embargo, de una interpretación de la familia y no de una conclusión judicial, por lo que deberá ser contrastada con lo que determine la pesquisa.
El padre de Uriel también volvió a plantear la posibilidad de que exista un tercer involucrado, mayor de edad, dentro de los hechos investigados. Según dijo, hasta ahora no recibieron información concreta sobre avances en esa línea. La causa continúa en curso y, por el momento, no se informaron definiciones oficiales sobre esa hipótesis.
Próximos pasos La expectativa de la familia está puesta en el tratamiento de la normativa que, según planteó Ríos, permitiría una participación más amplia de los familiares de víctimas en el proceso penal. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y las distintas hipótesis deberán ser evaluadas por las autoridades judiciales competentes.
