El fiscal Gerardo Pollicita pidió medidas de prueba para definir si avanza la investigación contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por las posibles pérdidas vinculadas a las operaciones con las reservas de oro. La causa quedó abierta a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón. El planteo se apoya en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central. El expediente tramita ante el juez Ariel Lijo.
Medidas pedidas
Pollicita solicitó dos medidas “preventivas” al juez. Por un lado, requirió que la AGN remita una copia íntegra del informe de auditoría, con los papeles de trabajo, las disidencias de sus miembros y la respuesta del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Por otro, pidió que el BCRA explique el “marco normativo” bajo el cual se aprobaron las operaciones con oro y si hubo intervención del Ministerio de Economía en esas decisiones. La fiscalía busca establecer si existieron irregularidades en el procedimiento y en la selección de la contraparte.
Origen de la denuncia
La presentación inicial de Dalbón se basó en el informe de la AGN, que advirtió una pérdida de USD 1.023 millones durante el ejercicio 2025 por operaciones de derivados de oro. Esta semana, el abogado amplió su denuncia contra Caputo, Bausili y otros funcionarios. En ese escrito pidió que se allane la sede del Banco Central tras conocerse que el Deutsche Bank habría participado como contraparte en las operaciones. El planteo agregó que ambos funcionarios trabajaron en esa entidad bancaria, circunstancia que, según la denuncia, podría configurar un conflicto de intereses.
Qué observó la AGN
De acuerdo con la AGN, el Banco Central registró en 2025 pérdidas por $1,5 billones, equivalentes a USD 1.023 millones, en operaciones “con fines de cobertura”. El organismo sostuvo que la entidad comandada por Bausili realizó esos movimientos “especulando con una determinada trayectoria” en el precio internacional del oro. Ese señalamiento es el eje de la controversia judicial y del pedido de prueba impulsado por la fiscalía.
Por el momento, la investigación depende de la respuesta del Banco Central y de la documentación que remita la AGN. Con esos elementos, el juzgado deberá resolver si corresponde avanzar con medidas de mayor alcance o si la denuncia no reúne sustento suficiente para seguir adelante. La definición judicial quedará atada al contenido de esos informes y a la eventual verificación de cómo se seleccionó a la contraparte, cuál fue el costo total de las operaciones y si existió alguna ventaja indebida.
