El empresario Lázaro Báez fue imputado como presunto jefe de una organización dedicada al lavado de activos que, según la acusación, habría operado desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La formalización se realizó en dos audiencias judiciales celebradas en Santa Cruz y quedó enmarcada en una investigación que involucra a 16 personas.
La presentación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Río Gallegos, conducida por el fiscal federal Julio Zárate, y de la PROCELAC, representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte. Ambos funcionarios expusieron el caso ante el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, quien tomó intervención sobre dos expedientes conexos. La causa principal analiza un flujo de dinero estimado en 390.880.000 pesos.
La acusación fiscal sostiene que Báez, que cumple una condena unificada de 15 años de prisión, habría dirigido las maniobras por vía telefónica pese a las restricciones previstas en el artículo 12 del Código Penal. La calificación legal provisoria incluye lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación. Según el Ministerio Público Fiscal, las ganancias irregulares habrían sido reinsertadas en el circuito legal mediante transferencias fraccionadas entre cuentas de allegados y billeteras virtuales.
Expediente conexo La segunda causa investiga una presunta red narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes en la región. Ese legajo alcanza a nueve acusados y, de acuerdo con la fiscalía, presenta puntos de contacto logísticos con el entorno del empresario. La vinculación entre ambos procesos amplía el alcance de la pesquisa y mantiene bajo análisis la trazabilidad de fondos, movimientos y vínculos operativos.
Medidas judiciales El magistrado Claudio Marcelo Vázquez convalidó doce detenciones bajo prisión preventiva y fijó pautas de coerción para los cuatro imputados restantes. Además, dispuso un plazo de dos años para la instrucción, ordenó el embargo de los vehículos incautados y el levantamiento del secreto financiero. El avance probatorio se apoya en intervenciones telefónicas y documentación secuestrada, mientras la defensa prepara planteos y la causa sigue abierta en la etapa de investigación.
