El Gobierno nacional apeló el fallo que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó avanzar con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano y busca revocar la decisión del juez Martín Cormick.
Según el recurso, la sentencia ocasiona un “gravamen irreparable” y genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional”. La cartera conducida por Sandra Pettovello sostuvo que la resolución ordena ejecutar la ley “sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable”.
Cuestionamientos al amparo
El planteo oficial también objetó la vía judicial utilizada por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Para el Ministerio, el amparo colectivo no sería una “vía idónea” para resolver una controversia que, según su escrito, requiere determinar hechos, montos, fuentes de financiamiento y alcances normativos controvertidos. En ese marco, el Gobierno afirmó que no existe una “fuente de financiamiento específica y suficiente” identificada en la sentencia.
Impacto fiscal
La apelación también insiste en que el cumplimiento de la normativa comprometería el equilibrio de las cuentas públicas. El escrito remarcó que la Ley 24.629 debe interpretarse “armónicamente” con las leyes 24.156 y 27.798, que regulan la autorización y ejecución del gasto público. Además, sostuvo que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario “exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional”.
En el mismo planteo, el Poder Ejecutivo advirtió que confirmar el fallo afectaría la “división de poderes”, al “imponer al Poder Ejecutivo la ejecución de gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el régimen legal de administración financiera y con la Ley de Presupuesto vigente”. La discusión queda ahora en la instancia revisora, mientras persisten los reclamos del sector universitario para que se liberen las partidas y se avance en la paritaria de docentes y no docentes.
El expediente sigue abierto y el punto central pasa por la revisión de la sentencia que declaró parcialmente inconstitucional el Decreto 759/2025. La definición judicial marcará si el Ejecutivo debe cumplir la ley en los términos ordenados o si prospera su planteo para postergar esa ejecución.
