La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Argentina muestra un incremento sostenido y vuelve a poner en foco las dificultades para denunciar y sostener los procesos judiciales. Según datos de la línea 137, en los últimos cinco años la cantidad de víctimas creció un 91%. El fenómeno preocupa a profesionales de la salud y de la Justicia, que advierten sobre el bajo nivel de denuncias y condenas en este tipo de casos.
De acuerdo con una proyección de Red por la Infancia, difundida por el Centro de Prevención y Atención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (CEPASI), en el país habría cerca de 2.000.000 de chicas y chicos víctimas de violencia sexual. Esa estimación convive con una brecha marcada entre la magnitud del problema y el volumen de casos que efectivamente ingresan al sistema penal. La mayoría de las situaciones no llega a una denuncia formal, lo que dificulta la intervención estatal y la protección de las víctimas.
Denuncias y condenas
Las estadísticas citadas en el material muestran que, de cada 1.000 abusos sexuales infantiles, apenas 100 se denuncian. De ese total, al menos la mitad termina archivada y solo uno llega a una condena. Además, un estudio sobre la temática señaló que el 3,8% de las denuncias resultaron falsas según evaluaciones psiquiátricas forenses. Ese dato es mencionado en el debate sobre cómo investigar estos hechos sin desproteger a las infancias ni desincentivar las presentaciones legítimas.
Marco penal vigente
El Código Penal argentino ya prevé sanciones para quienes denuncian falsamente un delito o presentan un testimonio falso ante una autoridad. Esas conductas están contempladas en los artículos 245 y 275, además de las disposiciones vinculadas con calumnias e injurias. Sin embargo, una iniciativa presentada recientemente en el Congreso propone aumentar las penas de prisión y establecer consecuencias económicas más severas para quienes realicen denuncias falsas. Especialistas consultados en el último Congreso Interdisciplinario de Salud y Justicia, realizado el mes pasado en el Hospital de Clínicas de la UBA, advirtieron que esa amenaza puede generar temor en quienes necesitan denunciar una sospecha de abuso sexual.
Prevención y detección
En la definición tomada por UNICEF, el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes comprende contactos e interacciones entre un menor y un adulto cuando este último utiliza al chico o chica para estimularse sexualmente a sí mismo, al menor o a otra persona. También puede darse entre adolescentes y niños más pequeños cuando existe una diferencia significativa de edad, desarrollo o tamaño, o cuando se aprovecha esa desigualdad. Frente a ese escenario, los especialistas remarcan que el diagnóstico no puede basarse en un único elemento y requiere una evaluación integral. También señalan que los profesionales de salud mental deben documentar y fundamentar sus evaluaciones con especial exhaustividad.
Próximos pasos
Las recomendaciones de prevención incluyen acompañar el crecimiento integral, consultar a profesionales de pediatría, respetar el derecho de niñas y niños a decir que no, incorporar herramientas en las escuelas y prestar atención a las violencias que ocurren en entornos digitales. La detección temprana sigue siendo central para evitar la continuidad del daño y garantizar contención, mientras que ante una sospecha se insiste en evitar interrogatorios que puedan producir revictimización. El debate legislativo sobre las sanciones por falsas denuncias queda abierto y, según lo planteado por los especialistas, su impacto deberá medirse en relación con el acceso efectivo a la denuncia y la protección de las infancias.




