A pocos días de que pierda estado parlamentario la media sanción del proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, el senador nacional Jorge Capitanich (Chaco) presentó una nueva iniciativa en el Senado. El texto fue impulsado tras los pronunciamientos del Papa León XIV durante su visita al país, según el material difundido. La propuesta apunta a establecer un marco de promoción del juego responsable y a reforzar restricciones sobre la oferta digital.
El proyecto plantea prevenir el juego patológico y los trastornos asociados, además de concientizar sobre sus riesgos y consecuencias perjudiciales. También busca proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la restricción de su acceso a los juegos de azar virtuales. En esa línea, propone limitar la publicidad, el patrocinio y el auspicio de la actividad en todos los ámbitos.
Controles de acceso y pago
Entre las medidas operativas, la iniciativa prevé impedir el acceso de menores de 18 años mediante una verificación robusta de identidad y edad, con límites de depósito y tiempo de juego, alertas, desconexión automática y autoexclusión. El texto establece que los operadores deberán implementar mecanismos de identificación y autenticación que verifiquen la identidad y la edad del usuario al inicio de cada sesión y al momento de cada apuesta. Además, fija que la explotación de juegos de azar virtuales solo podrá realizarse a través de sitios registrados bajo el dominio de nivel superior “.bet.ar”.
En materia de pagos, el proyecto prohíbe el uso de tarjetas de crédito, de medios que impliquen endeudamiento futuro, de tarjetas o instrumentos asociados a prestaciones previsionales o de asistencia social, y de billeteras virtuales no reconocidas por el Banco Central de la República Argentina. También veta el uso de dinero en efectivo como medio de pago. A la vez, dispone que una misma persona no pueda ser titular de más de una cuenta en la plataforma y que ninguna usuaria o usuario permanezca conectada por más de dos horas diarias, con bloqueo automático hasta el día siguiente.
Impuesto y destino de fondos
La propuesta incorpora un impuesto indirecto sobre apuestas y juegos de azar realizados en el país a través de plataformas digitales, cualquiera sea el dispositivo, la interfaz, la tecnología o la modalidad utilizada. Según el texto, el 100% de la recaudación se destinará a políticas de prevención, asistencia y tratamiento del juego problemático en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al menos un 20% de la participación provincial deberá alcanzar a los municipios. El proyecto también prevé que los fondos obtenidos por sanciones se orienten a programas de prevención, concientización y asistencia.
Las sanciones previstas incluyen apercibimiento, multas de 25.000 a 100.000 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), suspensión de la licencia de juego y del dominio, y la quita de la licencia con revocación del dominio. En el plano penal, el texto prevé prisión de tres a seis años para quien explote, administre, opere o financie una modalidad de captación de juegos de azar sin autorización de la autoridad competente. La pena mínima se eleva a cuatro años cuando se promueva o permita el acceso de menores de 18 años, aun con autorización o licencia habilitante.
Como fundamento, Capitanich sostuvo que el proyecto busca “complementar y actualizar el marco normativo existente, no reemplazarlo, incorporando una dimensión de salud pública y de protección de derechos que hoy no tiene tratamiento legal específico”. En el mismo texto citó un relevamiento de UNICEF Argentina difundido en 2025, según el cual “8 de cada 10 adolescentes y jóvenes accedieron o conocen a alguien que ingresó a páginas o aplicaciones de apuestas online en el último año”. El tratamiento legislativo queda ahora sujeto a la discusión parlamentaria y al tiempo disponible antes de que venza la media sanción mencionada al inicio.




