Una madre sanjuanina pidió que la Justicia le permita recuperar el vínculo con su hija de 11 años, luego de que la menor fuera declarada en situación de adoptabilidad y el Poder Judicial de San Juan avanzara con una convocatoria pública para encontrar una familia adoptiva.
La mujer, cuya identidad se preserva, sostuvo que nunca abandonó a la niña y que siempre se ocupó de sus controles médicos, su escolaridad y sus necesidades. Según relató, el conflicto se originó a partir de la situación de su hija mayor, que atravesó graves problemas de conducta e ingresó a una residencia. A partir de ese momento, afirmó, también se dispuso una medida sobre la menor.
“Nunca la abandoné, jamás le faltó nada ni comida. Me levantaba a las 6 de la mañana para ir con mi nena cuando tenía turno con el médico, me movía, la buscaba”, expresó. Además, aseguró que trabaja como empleada doméstica, que los fines de semana hace empanadas para sostenerse y que, al mismo tiempo, termina sus estudios secundarios para adultos. También indicó que su marido, padre de la niña, trabaja como albañil.
La madre cuestionó, además, que se le haya impedido mantener un contacto regular con su hija. “Lo único que quiero es recuperar a mi hija, ella quiere estar conmigo”, planteó. Dijo que la menor fue separada de su entorno hace tres años y que hoy, por su edad, ya comprende que no está con sus padres. “Jamás me dieron un vínculo, no me dejan llevar un regalo o una ropa, nada”, sostuvo.
Según su versión, hubo incluso personas de su entorno que solicitaron la guarda de la niña y ella intentó sostener el lazo familiar. También afirmó que recurrió a distintas instancias judiciales para impugnar las decisiones adoptadas en el expediente, aunque sus planteos fueron rechazados.
Fuentes vinculadas al Juzgado de Familia explicaron que el caso comenzó con las medidas adoptadas por la Dirección de Niñez, en el marco de disposiciones excepcionales de protección destinadas a resguardar a niños y adolescentes cuando se considera que existe una situación que puede afectar su seguridad, sus derechos e incluso su vida.
En esos procesos intervienen distintos organismos y equipos técnicos, de acuerdo con las pautas de la Ley Nacional 26.061. El expediente puede atravesar la Primera Instancia, la Cámara Civil y eventualmente la Corte de Justicia, según los recursos presentados. También resulta central la intervención de una asesora o asesor de menores, que representa los intereses del niño.
Desde el ámbito judicial remarcaron que la declaración de adoptabilidad no implica la entrega inmediata de un niño a una familia, sino una decisión judicial que, una vez firme, habilita el avance del proceso de adopción. Ante la consulta de este diario, fuentes calificadas señalaron que no pueden brindar detalles del caso para resguardar la identidad y los derechos de la menor.
La Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 26.061 establece que el Estado debe garantizar sus derechos y adoptar medidas de protección frente a situaciones de violencia, abuso, negligencia o vulneración de derechos. La norma reconoce a los menores como sujetos de derecho y obliga a priorizar su interés superior, es decir, su bienestar y protección por encima de cualquier otra consideración.
El caso tomó mayor dimensión después de que el pasado 10 de agosto el Poder Judicial de San Juan publicara una convocatoria para encontrar una familia para la niña, que presenta retraso madurativo. Hasta el 13 de agosto, el Registro Único de Adopción había recibido 49 postulaciones, incluso de personas de departamentos alejados y de dos familias de otras provincias.
Las entrevistas ya comenzaron y el Registro deberá elevar un informe a la jueza de Familia Marianela López, a cargo de la causa. Mientras tanto, la madre insiste en su reclamo y sostiene que su hija quiere mantener el vínculo con sus padres, por lo que pide una nueva oportunidad para recuperar la relación familiar.
