La violencia contra las trabajadoras sexuales volvió a quedar en debate tras una serie de ataques registrados en distintos puntos del país. En ese marco, representantes del colectivo realizaron manifestaciones para reclamar justicia por cuatro homicidios ocurridos en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En San Juan, también hubo una movilización durante la jornada nacional del 3N.
En diálogo con Radio Mil20, Mariana Cánovas, presidenta del Consejo de la Diversidad y representante de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), planteó su preocupación por el escenario que atraviesa el colectivo y cuestionó el avance de los discursos de odio. Sostuvo que “una persona no debe ser atacada ni violentada por el solo hecho de existir como ser humano”. También dijo que, durante la protesta en San Juan, recibió comentarios discriminatorios en redes sociales.
Condiciones de trabajo Cánovas señaló que el principal problema del sector es la falta de una legislación laboral que reconozca derechos y brinde protección. Según explicó, esa ausencia deja a muchas trabajadoras expuestas a situaciones de violencia y desamparo. Agregó que en otras provincias existen casos en los que, al denunciar agresiones ante la Policía, las trabajadoras son reprimidas o no logran que sus presentaciones avancen por su actividad.
En el caso de San Juan, indicó que existe un acompañamiento distinto por parte de las fuerzas de seguridad. Dijo que los efectivos realizan recorridas nocturnas por las zonas de trabajo para controlar que las mujeres no hayan sufrido agresiones. También valoró la presencia de cámaras de seguridad en Capital y la intervención del CISEM ante emergencias. Sin embargo, reconoció que persisten episodios de hostigamiento, entre ellos el arrojo de pañales usados desde vehículos y un ataque con agua caliente a una compañera.
Reclamo legislativo El planteo de AMMAR apunta a que el trabajo sexual deje de desarrollarse en condiciones de clandestinidad y cuente con un marco legal que reconozca derechos. Cánovas pidió avanzar con el proyecto de ley presentado por la organización a nivel nacional, que contempla aportes jubilatorios, cobertura de salud y acceso a vivienda. Además, recordó que años atrás hubo una iniciativa para permitir la inscripción como monotributistas, pero el sistema colapsó por la cantidad de solicitudes y la propuesta no prosperó.
La dirigente también vinculó los ataques contra el colectivo con un escenario más amplio de violencia social y discriminación. Señaló el uso de redes sociales, especialmente TikTok, para difundir contenidos basados en burlas y agresiones por aspecto físico, condición social o identidad. Por último, sostuvo que antes del reconocimiento de derechos laborales es necesario tratar una ley antidiscriminatoria que permita prevenir y sancionar este tipo de agresiones.
