El Gobierno de San Juan oficializó la reglamentación de la Ley Provincial Nº 2799-A, que redefine el funcionamiento del transporte de pasajeros y de cargas en todo el territorio provincial. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y establece un nuevo esquema de administración y control para empresas, choferes y unidades afectadas al servicio.
Con esta disposición quedaron sin efecto los decretos que regulaban hasta ahora la actividad, con el objetivo de unificar criterios en un solo marco normativo e incorporar herramientas vinculadas con los avances tecnológicos del sector. Entre los cambios centrales figura la creación del Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.), una base digital en la que deberán inscribirse todos los prestadores habilitados.
En ese registro se concentrará la información de empresas, conductores y vehículos autorizados para operar en la provincia, junto con licencias, pólizas de seguro, documentación y el tipo de servicio habilitado. Para integrarlo, las empresas deberán acreditar CUIT vigente, domicilio legal en la provincia y presentar el listado de choferes y unidades con los que desarrollarán la actividad.
Los conductores deberán contar con la licencia correspondiente para el tipo de vehículo que manejen, mientras que cada unidad tendrá que demostrar titularidad, radicación, cobertura de seguro y demás requisitos administrativos. La reglamentación alcanza a colectivos urbanos, taxis, remises, transporte escolar, servicios especiales y transporte de cargas, y deja fuera a los servicios que cruzan distintas jurisdicciones y dependen de organismos nacionales.
En el transporte público de pasajeros, las empresas deberán respetar recorridos, horarios, frecuencias y tarifas aprobadas por la autoridad competente. También estarán obligadas a garantizar que las unidades se mantengan en condiciones de funcionamiento, seguridad, higiene y accesibilidad. Además, la Provincia podrá acceder a datos sobre kilómetros recorridos, cantidad de pasajeros transportados y recaudación obtenida.
Esos registros servirán para el control de la prestación y para la distribución de subsidios. La normativa también habilita el uso de sistemas electrónicos de pago previamente autorizados y exige que cada unidad cuente con un mecanismo visible de identificación para facilitar consultas o reclamos de los usuarios.
Otro punto relevante es la incorporación obligatoria de herramientas tecnológicas para fortalecer la fiscalización. Los vehículos afectados al transporte no regular deberán operar con sistemas de geolocalización activos durante toda la prestación del servicio, con características técnicas que definirá la autoridad de aplicación.
Si bien el decreto no menciona de manera específica a plataformas como Uber o DiDi, la normativa incluye a las modalidades de transporte no regular dentro del esquema de control provincial. Su alcance concreto dependerá de las reglamentaciones complementarias y de la categoría en la que finalmente sean encuadradas.
En materia de cargas, los operadores también deberán inscribirse en el nuevo registro y declarar todas las unidades afectadas a la actividad. Los vehículos deberán cumplir con las condiciones de seguridad, documentación, seguros y límites de peso previstos por la legislación vigente.
El texto además faculta al Gobierno provincial a establecer corredores específicos, horarios determinados o restricciones para la circulación de camiones cuando existan razones vinculadas con la seguridad vial, la infraestructura o el tipo de mercadería transportada. El nuevo marco legal prevé auditorías, inspecciones y controles periódicos.
Las infracciones podrán derivar en multas, suspensión de permisos, retención de vehículos e incluso pérdida de la habilitación para operar. En paralelo, la autoridad competente será la encargada de aprobar los cuadros tarifarios, que deberán surgir de estudios técnicos sobre los costos del servicio, sin que las empresas puedan aplicar valores distintos a los autorizados oficialmente.
Para la flota de colectivos, la reglamentación exige revisiones técnicas al día, seguros vigentes, equipamiento de seguridad, condiciones adecuadas de higiene y accesibilidad. Como criterio general, las unidades no podrán superar los diez años de antigüedad, aunque la norma contempla excepciones puntuales.
Finalmente, la reglamentación incorpora una herramienta para asegurar la continuidad del servicio. Si una empresa deja de prestar transporte por la pérdida de una concesión, la Provincia podrá exigirle que continúe operando de manera transitoria hasta que se concrete una nueva adjudicación, con el objetivo de evitar interrupciones para los usuarios.
