Los tribunales laborales de San Juan registran este año un 35% más de causas que en 2025, según informó la jueza María Gabriela Padín. La magistrada vinculó el incremento con la situación económica de las empresas y con despidos en firmas proveedoras de la minería, un sector que concentra parte de la litigiosidad laboral provincial.
El diagnóstico fue expuesto en el Congreso Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, que se desarrolla en la provincia con auspicio de la Corte de Justicia y la Escuela Judicial. La apertura estuvo a cargo de la doctora Adriana García Nieto, en representación de la Corte, con participación del Foro de Abogados. El encuentro reúne paneles sobre derecho colectivo, género y trabajo, además de exposiciones de magistrados de distintas jurisdicciones.
Menores tiempos de resolución Padín señaló que, antes de las reformas procesales, los juicios laborales demoraban entre cinco y seis años. Desde que la oralidad quedó incorporada en los códigos procesales, en febrero de 2023, el promedio de resolución bajó a entre un año y un año y dos meses. Ese cambio se apoya en las oficinas judiciales laborales creadas en febrero de 2020, que exigen la presencia de los jueces en cada audiencia.
Según la jueza, durante este año se fijaron 352 audiencias finales y alrededor de 600 audiencias iniciales anuales, con jornadas de hasta seis encuentros por día. Esa dinámica busca acelerar la tramitación, pero también refleja una mayor carga de trabajo para el fuero. En ese marco, la litigiosidad crece por la combinación de despidos, reclamos salariales y conflictos derivados de la actividad económica.
Minería y reformas laborales Entre los factores que explican el aumento, Padín mencionó a las empresas que prestan servicios a la minería, como las de seguridad, limpieza y catering. Citó el caso de una firma de seguridad que despidió a 160 empleados en un solo mes, un dato que calificó como de fuerte incidencia para la provincia. También sostuvo que las reformas laborales nacionales no lograron reducir la cantidad de juicios hasta ahora.
La jueza indicó que la Ley Bases eliminó las indemnizaciones agravadas por falta de registración, pero esos planteos pasaron a los tribunales como pedidos de reparación civil. A la vez, la Ley de Modernización Laboral abrió diferencias entre magistrados sobre cómo actualizar los montos que deben pagar las empresas. Padín explicó que aplica un criterio intermedio, mientras otros jueces utilizan directamente el mecanismo previsto por la norma. En paralelo, los reclamos por accidentes de trabajo y enfermedades laborales siguen concentrando una parte relevante de la agenda judicial.
Plazos y discusión abierta Esos casos no pasan por mediación previa y están alcanzados por una ley provincial que fija un plazo de 30 días para acudir a la Justicia si el trabajador no acepta el acuerdo de la aseguradora de riesgos del trabajo (ART). Padín había declarado inconstitucional ese plazo, pero un fallo reciente de la Cámara lo convalidó. La jueza aclaró que la decisión mantiene una excepción para quien demuestre que el término fue insuficiente, por lo que el debate continúa abierto en los tribunales sanjuaninos.
