La defensa del empresario de la construcción Iván Federico Goldstein rechazó la acusación en su contra y cuestionó el avance de la investigación penal abierta en San Juan. El abogado Rubén Pontoriero sostuvo que no hubo irregularidades y que la controversia debe resolverse en el ámbito civil. La causa fue formalizada este jueves por la Justicia Penal y gira en torno a una denuncia por presunto desbaratamiento de derechos acordados vinculada con departamentos de los edificios Catamarán.
Versión de la defensa
En declaraciones a un medio local, Pontoriero afirmó: “No se ha cometido ninguna irregularidad ni ningún ilícito. Esta es una causa de tinte civil donde se está usando la jurisdicción penal para adelantar una decisión que corresponde a otro ámbito”. Según su planteo, Goldstein ejerció una facultad prevista en los contratos al rescindir acuerdos por incumplimientos de pago. La defensa ubicó así el conflicto en una disputa contractual y no en una conducta penal.
Origen del conflicto
El letrado explicó que el caso se inició a partir de contratos y posteriores cesiones de derechos. Según su versión, Elías Daher fue quien originalmente contrató con Goldstein y luego cedió acciones y derechos a Carlos Icazati y Manuel González, vinculados a la cadena de supermercados Café América. Pontoriero señaló que, en esa operatoria, Daher habría asumido la obligación de cancelar una deuda de entre 240.000 y 260.000 dólares por cada departamento, suma que la defensa afirma que no fue abonada.
Cláusula contractual
Frente a ese escenario, Goldstein habría aplicado una cláusula de rescisión incorporada en los contratos. Pontoriero la describió como un “pacto comisorio expreso”, expresión jurídica que habilita a resolver el acuerdo si una de las partes no cumple con el pago pactado. “Si no se paga, se resuelve”, resumió el abogado, quien agregó que su cliente “no hizo otra cosa que ejercer lo que la ley le otorga”.
Próximas definiciones
La defensa también cuestionó la documentación presentada para acreditar supuestos pagos de las unidades y aseguró que no existen comprobantes contables que permitan confirmar esa cancelación. Además, puso en duda la validez de un documento usado después para realizar adendas contractuales y sostuvo que se trataría de un instrumento de “nulidad absoluta”, cuestión que, según indicó, ya se discute en la Justicia Civil. La investigación penal tendrá un plazo de un año, según lo dispuesto en la audiencia de este jueves, mientras que la defensa espera que el expediente penal y la disputa civil se definan antes del vencimiento previsto para la entrega de las viviendas, fijado en 24 meses.
