El Sistema Especial de Flagrancia de San Juan cumple nueve años desde su puesta en funcionamiento el 9 de agosto de 2017, con un balance que exhibe la magnitud de un esquema judicial pensado para intervenir con rapidez en delitos cometidos en situación de flagrancia. Los datos oficiales de la UFI Flagrancia muestran que, desde entonces y hasta el 31 de julio de 2026, el sistema intervino en 12.354 hechos y alcanzó a 15.759 personas imputadas.
La evolución estadística confirma que se trata de una herramienta con actividad sostenida y creciente. Durante 2025 se registraron 2.171 delitos, la cifra anual más alta desde la implementación del régimen, lo que da cuenta del peso que fue adquiriendo en la persecución penal de determinados hechos.
En los primeros siete meses de 2026, la UFI Flagrancia contabilizó 1.059 hechos y 1.235 personas imputadas. De ese total, 12 casos fueron desestimados, una proporción que representa aproximadamente el 1,1% del universo registrado en ese período. La diferencia entre hechos e imputados responde a una característica propia del sistema: un mismo episodio puede involucrar a más de una persona.
La actividad judicial también se refleja en las 1.554 audiencias realizadas entre enero y julio de 2026. La mayoría correspondió a audiencias de presentación, aunque también hubo continuaciones, finalizaciones, conexidad, sobreseimientos y otras instancias procesales. Ese volumen muestra el nivel de tramitación que demanda un modelo basado en plazos breves y respuestas inmediatas.
En cuanto a los delitos con mayor presencia durante 2026, el hurto encabezó el registro con 321 casos, seguido por el robo con 310. Más atrás aparecen violencia de género con 83 hechos, lesiones con 66 y daño con 64. También se informaron 47 casos vinculados con tenencia y portación de armas de fuego, 36 por incumplimiento de orden judicial, 36 por amenazas y 22 por resistencia a la autoridad.
La tendencia se mantiene al ampliar la mirada al período 2020-2026: entre las categorías con mayor cantidad de imputados figuran robo, con 2.966; hurto, con 2.531; y violencia de género, con 1.871. También se computan 533 casos de daño agravado, 474 de incumplimiento de orden judicial, 439 vinculados con tenencia y portación de armas de fuego y 427 correspondientes a infracciones de los artículos 205 y 239.
El funcionamiento del sistema fue definido como una respuesta penal concentrada en el tiempo. Se aplica cuando una persona es aprehendida en flagrancia, en la comisión o tentativa de un delito doloso cuya escala penal no supere los 20 años de prisión o reclusión, o en concursos de delitos que individualmente no excedan ese límite. Quedan excluidas las acciones privadas y las dependientes de instancia privada, con la excepción prevista para lesiones leves.
La lógica del procedimiento apunta a reducir los tiempos entre el hecho y la intervención judicial. La policía debe comunicar de inmediato la aprehensión al fiscal de turno, mientras que los ayudantes fiscales de las zonas Capital, Norte y Sur activan las primeras actuaciones. Desde allí, el fiscal dirige la investigación, evalúa la tipicidad del hecho, dispone medidas urgentes y define la estrategia inicial.
El modelo concentra en pocos días la producción de prueba, la intervención de la defensa y el control jurisdiccional. Según el material institucional, el proceso debe iniciarse dentro de las 48 horas desde la aprehensión y el juicio no puede exceder los diez días hábiles. Esa celeridad, sin embargo, no elimina garantías: el esquema prevé audiencia ante el juez, asistencia del imputado y su defensa, y posibilidad de recurrir la sentencia.
Otro rasgo central es el contacto con las víctimas. Los fiscales y ayudantes tienen la obligación de informarles cómo avanzará el proceso, cuáles son los plazos y de qué manera pueden recuperar sus efectos. Una vez concluido el caso, también deben comunicar el resultado y la decisión adoptada por el juez.
El sistema no se aplica a personas menores de 18 años. Cuando un mismo hecho involucra a un mayor y a un menor, el procedimiento alcanza únicamente al adulto. Esa delimitación marca uno de los límites del régimen y ayuda a entender su alcance específico dentro del mapa penal provincial.
A nueve años de su creación, Flagrancia dejó de ser una experiencia inicial para consolidarse como un mecanismo estable de persecución penal en San Juan. Con 12.354 hechos, 15.759 imputados y 7.683 condenas acumuladas, el sistema exhibe una capacidad de respuesta que, al mismo tiempo, acelera las definiciones judiciales y concentra en muy poco tiempo la investigación, el control y la resolución de cada caso.
En 2026, la dinámica se mantiene intensa: 1.059 hechos, 1.235 imputados, 1.554 audiencias y cero causas archivadas hasta el 31 de julio. El dato no solo describe volumen de trabajo; también muestra que el modelo sigue siendo una pieza central para responder a delitos detectados en forma inmediata y con evidencia todavía disponible.
