Padres de alumnos de los colegios preuniversitarios de San Juan expresaron su preocupación por la acumulación de clases perdidas a lo largo del año y anticiparon que evalúan acudir a la Justicia mediante un recurso de amparo. El planteo busca poner en discusión el alcance de las medidas de fuerza docentes y sus efectos sobre la continuidad pedagógica de los estudiantes.
Verónica Figueroa, representante de las familias y madre de alumnos de uno de los establecimientos, cuestionó la persistencia del conflicto y señaló que el perjuicio sobre los estudiantes ya es considerable. Según el relevamiento que hicieron las familias, los alumnos llevan alrededor de 30 días sin clases desde el inicio del ciclo lectivo.
La dirigente detalló que en marzo hubo tres días de actividad, en abril diez, en mayo 13, en junio una semana de paro, en julio 12 días por el receso invernal y que durante agosto llevan nueve jornadas de clases. En ese marco, sostuvo que la pérdida de contenidos no puede compensarse únicamente con actividades virtuales, ya que no equivale a una clase presencial.
El impacto de la situación preocupa especialmente a los alumnos que están próximos a egresar, por las posibles consecuencias en su ingreso posterior a la universidad. Figueroa advirtió además que algunas familias ya analizan retirar a sus hijos de los colegios preuniversitarios, aunque aclaró que otros estudiantes quieren permanecer por los vínculos construidos con sus compañeros y por el sentido de pertenencia a las instituciones.
Otro eje de la preocupación familiar son las presuntas situaciones de señalamiento hacia estudiantes cuyos padres participan de los reclamos. Figueroa aseguró que algunos alumnos habrían sido identificados dentro de los establecimientos por las expresiones públicas de sus familias y consideró que eso podría afectar su trayectoria académica. También indicó que estas situaciones se registrarían en los tres colegios y que las familias evalúan avanzar por vías formales si cuentan con elementos para sostener las denuncias.
Ante este escenario, los padres volvieron a analizar la posibilidad de presentar un recurso de amparo para pedir que se garantice el derecho a la educación. Figueroa explicó que retomarán el contacto con profesionales del derecho que ya acompañaron a las familias y que deberán definir mecanismos y costos de una eventual presentación judicial.
La representante aclaró que el reclamo no desconoce la discusión salarial docente, aunque sostuvo que deben buscarse alternativas para sostener el dictado de clases. En paralelo, afirmó que desde su mirada como madre el conflicto adquirió un componente político-partidario, mientras que como profesional prefirió interpretarlo como una discusión vinculada con las políticas educativas y salariales.
Las declaraciones se dan en el marco de una nueva semana de medidas de fuerza en el ámbito universitario, con efecto directo sobre el normal desarrollo de las actividades en los colegios preuniversitarios. En adelante, las familias esperan definiciones sobre la evolución del análisis jurídico del amparo y sobre un eventual cronograma de recuperación de clases por parte de las autoridades universitarias.
