El representante e instructor de la Dirección de Defensa del Consumidor, Pablo Querol, advirtió sobre la proliferación de cobros indebidos por parte de entidades financieras y comerciales que afectan a usuarios de San Juan. En diálogo con el programa Al Palo, emitido por Mil Veinte, el funcionario explicó el funcionamiento del organismo provincial ante las denuncias crecientes por contrataciones no consentidas, demoras en trámites y el impacto de las bases de deudores. Según indicó, la problemática alcanza tanto al sector bancario como al de telefonía, electrodomésticos y rodados.
Débitos sin autorización
Querol señaló que la detección de débitos no autorizados por parte de los usuarios se intensificó a partir de 2020, durante la pandemia y la cuarentena. "El fenómeno este se observa desde el 2020 con el tiempo de pandemia y cuarentena, donde la gente se dio un tiempo a ver resúmenes de cuentas y entró a ver un montón de descuentos o débitos de su cuenta", explicó el instructor. El funcionario remarcó que la problemática afecta de manera recurrente a sectores vulnerables, como los jubilados, y atribuyó buena parte de los casos a la rapidez de los trámites en cajeros automáticos. "Sin querer podemos firmar algo sin leer que es completado después por otra persona y bueno, después son las consecuencias", sostuvo Querol.
Aumento de reclamos
El funcionario alertó sobre el incremento en la carga laboral del área, que ya tiene agenda completa para los próximos meses. "Se ha doblado la cantidad de audiencias", afirmó Querol, al precisar que el cuerpo de diez instructores pasó de atender entre dos y tres audiencias diarias por la mañana a un promedio de cinco a seis por jornada. Según detalló, a principios de septiembre la Dirección ya había tramitado el volumen total de causas registradas durante todo el año anterior, por lo que los turnos disponibles se extienden hasta enero.
Bajas en registros de deudores
Sobre los casos de personas que cancelaron sus deudas pero continúan figurando en registros morosos como el Veraz o la central de deudores del Banco Central, Querol indicó que el trámite de baja suele demorar entre dos y tres meses por razones administrativas. Ante demoras que excedan ese plazo, el instructor instó a los usuarios a exigir la gestión formal ante la entidad que emitió el libre deuda o a recurrir al organismo público para canalizar la intimación correspondiente.
Atención al público
Querol recordó que la mesa de entradas de la Dirección de Defensa del Consumidor funciona desde las 8 en planta baja, frente a las oficinas bancarias, e incluye instancias previas de conciliación antes de formalizar sumarios sancionatorios. "Aprendamos los derechos que tenemos, hacerlos respetar, hacerlos valer", concluyó el instructor, al ratificar el acompañamiento técnico que brinda el organismo a los consumidores dentro del marco normativo vigente.
