Los colegios privados de San Juan quedaron habilitados para aplicar un nuevo aumento en sus aranceles a partir de la cuota correspondiente a agosto de 2026. La actualización podrá alcanzar un tope de 7,22% y representa el tercer incremento autorizado en lo que va del año.
La decisión fue formalizada mediante la Disposición N.º 216-DEP-2026, firmada el pasado 10 de agosto por la Dirección de Educación Privada. El alcance de la medida comprende a las instituciones educativas de gestión privada incorporadas a la Enseñanza Oficial, por lo que su impacto se extiende sobre una parte relevante de la oferta educativa provincial.
El esquema aprobado establece que el porcentaje máximo deberá calcularse sobre el valor de la cuota correspondiente a mayo de 2026. Cada establecimiento tendrá la posibilidad de aplicar un incremento menor, aunque la diferencia no podrá trasladarse a futuras actualizaciones. En la práctica, esto limita la posibilidad de recuperar más adelante el margen no utilizado.
Con esta autorización, los aranceles de los colegios privados acumulan tres incrementos habilitados durante 2026. El primero se produjo en marzo, cuando se aprobó una suba de hasta 5,80%, correspondiente al cuarto tramo de actualización del período 2025. Luego, en mayo, se autorizó un segundo ajuste de hasta 10,33%. La nueva resolución vuelve a presionar sobre la estructura de costos de las familias y sobre la planificación financiera de las instituciones.
El porcentaje fue definido a partir del informe IPADEP San Juan N.º 24, correspondiente al segundo trimestre de 2026 y elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas. El Índice Provincial de Aranceles de Educación Privada toma en cuenta tres variables: la evolución de los salarios de un cargo testigo docente con antigüedad, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la provincia de San Juan y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) a nivel nacional.
Con esos indicadores se determinó el techo de aumento que podrán aplicar las instituciones desde agosto, en un contexto en el que la continuidad de las subas impacta de manera directa en el bolsillo de las familias y en la discusión sobre el financiamiento de la educación privada.
