A menos de una semana del accidente ferroviario de Toledo que dejó 69 muertos, este martes se registró un nuevo descarrilamiento en Barcelona, donde tres vagones de carga chocaron contra una locomotora en una vía privada. El hecho ocurrió en un desvío ferroviario de la empresa Cargill, en Martorell, y las causas todavía se desconocen. La circulación de los trenes de cercanías de Rodalies no tuvo interrupciones porque el episodio se produjo fuera de la red de servicio general.
De acuerdo con los primeros informes, no hubo víctimas fatales. El maquinista fue la única persona trasladada a un centro médico, aunque no presentaba heridas de gravedad. El choque involucró a tres vagones que descarrilaron e impactaron contra una locomotora de un tren de carga que estaba en el lugar. Por tratarse de una infraestructura privada, el incidente no alteró la operación habitual de los servicios de pasajeros.
Renuncia ministerial En paralelo, el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, presentó su renuncia tras la catástrofe ferroviaria de Urda, en Toledo, donde murieron 69 personas. El anuncio se produjo durante una sesión en el Congreso de los Diputados, en la que el funcionario reconoció la gravedad de los hechos. Sostuvo que la continuidad en el cargo resultaba insostenible: “La decisión la tomé no bien tuve conocimiento de la tragedia. Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo tras dos accidentes en menos de un año, tenga o no responsabilidad en ellos”, afirmó este martes ante el recinto.
La dimisión representa un revés para la administración del presidente Pedro Sánchez, a menos de un mes de las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre. En su exposición, Puente defendió la inversión pública y el estado de la red de alta velocidad Madrid-Sevilla, escenario del siniestro. Señaló que la traza “no es una infraestructura ni abandonada ni olvidada” y recordó que la gestión actual había puesto en marcha un plan de renovación por 780 millones de euros.
Fallas operativas Al reconstruir los momentos previos al impacto, el ministro indicó que el centro de control de Adif —el organismo público a cargo de la red ferroviaria— autorizó desde la estación de Atocha que el tren AVE retomara su marcha a velocidad normal. Según su testimonio, la orden se emitió pese a que el sistema LZB —mecanismo de seguridad encargado de regular la velocidad de las formaciones— estaba fuera de servicio y sobre la misma vía permanecía detenido un tren de la empresa Iryo. Esas referencias fueron parte de la explicación oficial sobre las condiciones en las que se produjo el accidente.
Debate político La comparecencia parlamentaria estuvo marcada por cuestionamientos de la oposición y pedidos de dimisión de distintos bloques. La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, le reprochó al funcionario que su responsabilidad “no es explicar accidentes mortales”, sino evitarlos. La diputada de Vox, Pepa Millán, preguntó si “puede conciliar el sueño con 116 muertes a sus espaldas”, en alusión a la suma de víctimas fatales de los dos siniestros ocurridos durante el último año.
Las repercusiones también alcanzaron a los aliados del oficialismo. Sumar, socia del PSOE en el Gobierno, pidió su alejamiento del cargo aunque aclaró que no le atribuía la culpabilidad directa del hecho. En tanto, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, no pidió la dimisión, pero sostuvo que un error humano en ese contexto “refleja un sistema de seguridad fallido”. La evolución de la investigación y el alcance de las responsabilidades administrativas quedaron como variables a seguir en las próximas definiciones oficiales.
