El gobierno de Colombia decretó una emergencia económica para responder al terremoto que dejó 314 muertos, 4.437 heridos y 262 personas desaparecidas, según informó el presidente Abelardo de la Espriella. La decisión apunta a generar margen fiscal para la reconstrucción y la atención de la crisis en los territorios afectados. El epicentro del sismo se ubicó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá.
De la Espriella señaló además que hay 30.664 viviendas destruidas y otras 136.946 con daños, junto con 302 edificios colapsados y 5.809 afectados. En el sistema educativo, 3.470 centros educativos registraron algún nivel de afectación, mientras que en salud se contabilizaron 352 centros con daños, de acuerdo con los datos difundidos por CNN. La dimensión material del desastre explica la decisión de habilitar instrumentos extraordinarios de financiamiento y reasignación de recursos.
El mandatario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y afirmó: “Seguimos acompañándolos en este momento de profundo dolor”. También sostuvo que el Gobierno concentra sus esfuerzos en encontrar con vida a las 262 personas desaparecidas. En ese marco, dijo: “Los mayores esfuerzos del gobierno están direccionados a rescatar ojalá dios quiera a estas 262 personas con vida. Nuestros organismos de socorro continúan trabajando en las labores de búsqueda, rescate y atención”.
Alcance institucional La medida anunciada por De la Espriella regiría en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. Además, el decreto ordena que el Ministerio del Interior elabore un informe motivado para enviar al Congreso y remitir el texto al día siguiente a la Corte Constitucional. Luego, la adopción de la medida debería ser comunicada a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos.
Financiamiento y control Según explicó el presidente, la emergencia busca abrir espacio fiscal en un contexto de dificultades de las finanzas públicas. Entre las alternativas mencionadas figuran la reducción de gastos de programas de la administración anterior que no considere prioritarios y la búsqueda de fuentes adicionales de financiación. La definición de esos recursos y su ejecución quedarán sujetas a los mecanismos institucionales previstos para este tipo de medidas.
El decreto fue anunciado el miércoles 19 de agosto durante el Consejo de Ministros, en paralelo con el avance de las tareas de socorro y evaluación de daños. En ese escenario, la prioridad oficial sigue siendo la localización de las personas desaparecidas y la atención de las localidades afectadas. La evolución de la emergencia dependerá de la respuesta fiscal, de los informes que se remitan al Congreso y de la revisión constitucional de la medida.
