El escritor Hernán Casciari quedó involucrado en una denuncia penal por presuntas irregularidades en el sistema de financiamiento colectivo de su productora, Orsai Audiovisuales. La presentación fue radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires.
Los denunciantes, integrantes del colectivo Productores Organizados, sostienen que no cuentan con información contable suficiente para conocer el destino del dinero aportado para financiar películas, documentales y series. Entre las producciones mencionadas en la presentación figuran La uruguaya, Canelones y La muerte de un comediante.
El sistema ofrecía bonos de producción de entre 100 y 20.000 dólares, con la expectativa de recuperar el capital y obtener retornos vinculados con los resultados comerciales de las obras. Según la denuncia, algunos inversores habrían recibido devoluciones muy inferiores a sus aportes, como un caso de 2.500 dólares que habría generado un retorno de apenas 56,40 dólares.
Cuestionamientos contables Además del reclamo sobre los rendimientos, los denunciantes objetan el uso de planillas de Excel como respaldo contable y señalan posibles transferencias de dinero entre producciones para cubrir gastos o deudas de otros proyectos. El abogado de los denunciantes, Ariel Gil Ces, sostuvo que la Justicia deberá investigar si hubo engaño y posibles irregularidades financieras. También planteó interrogantes sobre la participación de figuras públicas que promocionaron las convocatorias.
La respuesta de Orsai Por su parte, Orsai publicó un informe sobre sus producciones y los resultados obtenidos en festivales. La empresa diferenció el financiamiento colectivo de una inversión financiera tradicional y destacó el carácter artístico de la iniciativa. Según esa comunicación, el sistema de bonos fue cerrado, mientras la investigación deberá determinar si existieron delitos y establecer las eventuales responsabilidades.
Por el momento, las acusaciones forman parte de una denuncia y no constituyen una condena judicial. El expediente quedó en etapa de investigación en la Ciudad de Buenos Aires, con la definición de eventuales medidas a cargo del juzgado y la fiscalía intervinientes.
