El proyecto que obtuvo media sanción en el Senado busca habilitar la participación de la Argentina en el mercado internacional de créditos de carbono, en el marco del Artículo 6 del Acuerdo de París. Juan Villalonga, del Círculo de Políticas Ambientales, explicó que un crédito de carbono es un certificado que acredita que en algún lugar del mundo se evitó emitir una tonelada de CO₂ y que ese certificado puede comprarse y venderse para compensar emisiones. La discusión se concentra en cómo se verifican esas reducciones y en qué condiciones el país podría comercializarlas.
Verificación y controles Villalonga sostuvo que existe un problema de fondo porque, para que el crédito sea real, debe probarse que la reducción ocurrió, que no se habría producido igual sin el proyecto, que no trasladó el problema a otro lugar y que la mejora se mantendrá en el tiempo. Según indicó, cumplir esas cuatro condiciones de manera simultánea es difícil, especialmente en proyectos vinculados con bosques, suelos o selvas, que son los que más se proponen en Argentina. En ese punto, advirtió que la eficacia del sistema depende de controles capaces de evitar certificados sin respaldo material.
Presión económica El especialista señaló además que existe una fuerte presión de empresas, consultoras internacionales y sectores económicos locales para ingresar a ese mercado, atraídos por la posibilidad de monetizar bosques y recursos naturales. A su juicio, el riesgo aparece cuando los controles fallan y se venden certificados que no representan una reducción real de emisiones, pero que permiten a quien los compra seguir contaminando como si hubiera compensado su impacto. La discusión, entonces, no se limita al diseño comercial, sino también a la integridad ambiental del mecanismo.
Compromisos climáticos Villalonga planteó que Argentina tiene una dificultad adicional: en el sistema anterior, bajo el Protocolo de Kioto, los países en desarrollo no tenían metas propias de reducción de emisiones, mientras que ahora sí las tienen. En ese marco, explicó que si el país vende créditos al exterior, esas toneladas ahorradas ya no pueden contarse como un logro propio y deben registrarse como emisiones adicionales en su inventario. Según su planteo, esa operatoria podría perjudicar el cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales.
NDC y próximos efectos También afirmó que la meta climática presentada por el gobierno argentino ante las Naciones Unidas, conocida como NDC —contribución determinada a nivel nacional—, tiene poca ambición, porque se propone reducir menos de lo que podría. Agregó que una meta laxa genera créditos sobrantes que luego pueden venderse, lo que a su entender incentiva a inflar el objetivo para comercializar más y no para recortar emisiones de verdad. Con la media sanción ya aprobada, el debate pasa ahora a la instancia legislativa siguiente y a la definición de los mecanismos de control y registro que tendría el eventual esquema de comercialización.
