La industria textil registró entre enero y agosto de 2026 una caída interanual del 20,8% y acumuló un retroceso del 33,9% frente al mismo período de 2023, según un relevamiento de la Fundación Pro Tejer presentado en ProTextil 2026. En ese mismo lapso, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 40,6%, el nivel más bajo de la serie histórica salvo 2020, durante la pandemia. El dato refleja una contracción de la actividad con impacto directo sobre producción, empleo y entramado empresario.
El deterioro también alcanzó al empleo registrado. Desde diciembre de 2023, la cadena de valor textil, indumentaria y calzado perdió 28.818 puestos de trabajo, una baja del 23,9%, de acuerdo con la misma entidad. Pro Tejer señaló que esa cifra equivale a casi un tercio de los empleos industriales destruidos en el país durante ese período. La caída del empleo constituye uno de los efectos más sensibles del retroceso sectorial, por su incidencia sobre ingresos, consumo y actividad complementaria.
Establecimientos cerrados
La crisis también alcanzó al entramado empresarial. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026 cerraron 1.090 establecimientos industriales de la cadena textil, indumentaria y calzado, lo que implicó una contracción del 17,7%. En el comercio vinculado al sector desaparecieron otros 3.804 establecimientos, una baja del 17,8%. En paralelo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) registró el cierre de 33.583 establecimientos con trabajadores asegurados entre diciembre de 2023 y julio de 2026, en un contexto de retracción general de la actividad formal.
Las causas que señala el sector
Durante la apertura de ProTextil 2026, el presidente de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, cuestionó la política económica del Gobierno y pidió medidas para sostener la producción nacional. Reconoció la importancia de la estabilidad macroeconómica y la baja de la inflación, pero advirtió que esas condiciones no alcanzan por sí solas para recuperar la actividad. También rechazó que el precio de la ropa responda únicamente a una supuesta ineficiencia empresaria y sostuvo: “Es la Argentina la que tiene un problema de competitividad”.
Galfione atribuyó parte del problema a costos que exceden a la planta industrial, entre ellos la presión tributaria, la logística, la infraestructura, el financiamiento, los alquileres comerciales y la intermediación. Según Pro Tejer, la crisis responde además a una combinación de demanda interna debilitada, mayores importaciones y dificultades para sostener los costos de producción. La entidad indicó que las importaciones pasaron de representar cerca de la mitad del abastecimiento local a explicar alrededor del 70% del mercado, mientras la producción nacional redujo su participación al 30%.
Importaciones, salarios y servicios
El avance de los productos importados coincidió con una pérdida del poder adquisitivo. Entre enero y agosto de 2026, frente al mismo período de 2023, el salario registrado privado cayó 4%, el público retrocedió 25% y el haber mínimo jubilatorio, incluido el bono, perdió 10%, según los datos presentados por la fundación. En la misma comparación, las ventas de supermercados bajaron 16,2% y las de shoppings, 28,5%. A eso se sumó, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un aumento del 966% en la canasta de luz, gas, agua y transporte entre diciembre de 2023 y julio de 2026, frente a una inflación acumulada del 241%.
Más presión externa y debate industrial
La entidad también informó que entre enero y septiembre de 2026 las importaciones de indumentaria crecieron 46% en toneladas frente al mismo período de 2025, mientras que las confecciones para el hogar avanzaron 209%. En el mismo lapso, las compras externas realizadas a través de servicios de courier llegaron a USD 960 millones, un monto 6,3 veces superior al de igual período de 2024 y 60% mayor al de 2025. En junio de este año, esos envíos representaron el 1,8% de las importaciones totales, contra el 0,7% de diciembre de 2024. Como cierre del planteo, Pro Tejer comparó el caso argentino con políticas industriales aplicadas en otras economías y cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que no exige suficiente integración con proveedores nacionales. La fundación agregó que las pymes representan el 98% de las empresas empleadoras y concentran el 50% del empleo privado registrado, de acuerdo con los datos expuestos en el encuentro.
