La empresa estadounidense Halliburton ratificó que ni ella ni sus subsidiarias participarán del desarrollo petrolero Sea Lion ni de actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus aguas circundantes. La confirmación fue informada este viernes desde la casa matriz en Houston, después de contactos con autoridades federales argentinas. Según la propia compañía, la decisión alcanza a todo el grupo.
De acuerdo con el comunicado de la firma, el Gobierno argentino planteó consultas sobre la aplicación de la legislación civil y penal vigente, las normas en discusión y las regulaciones para contratar empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas. Halliburton ya había comunicado el 5 de septiembre que no participaba de Sea Lion ni de tareas de exploración o producción en Malvinas. La novedad ahora es que esa postura fue extendida formalmente a su estructura global.
La definición se inscribe en una serie de advertencias oficiales sobre la cadena de proveedores del proyecto. La Cancillería distribuyó cerca de 180 notificaciones a firmas de servicios petroleros para alertarlas sobre las consecuencias de colaborar con Sea Lion, entre ellas eventuales restricciones para operar en la Argentina y en Vaca Muerta. Además, durante septiembre se reglamentó el procedimiento para aplicar las sanciones previstas por la Ley 26.659, que regula aspectos vinculados con actividades hidrocarburíferas en Malvinas.
Antecedentes y alcance
En los mismos días, SLB —antes Schlumberger— y Baker Hughes difundieron posiciones similares. Ninguna de las tres compañías estaba vinculada con Sea Lion, que es operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Sin embargo, los anuncios se produjeron después de que el presidente Javier Milei endureciera las medidas contra empresas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas. La presión oficial se extendió a proveedores y contratistas del sector.
Medidas administrativas y judiciales
El Gobierno abrió procedimientos sancionatorios contra unas 60 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona e impulsó denuncias penales contra firmas y directivos relacionados con Sea Lion. Esos expedientes siguen en trámite y todavía no implican sanciones firmes. En paralelo, el 16 de septiembre la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar contra Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y ordenó suspender las obras relacionadas con el proyecto.
Próximos pasos
La discusión sigue condicionada por el marco internacional y por las licencias otorgadas por las autoridades de las islas, respaldadas por el Reino Unido. Navitas posee el 65% del emprendimiento y Rockhopper el 35%, y ambas mantienen su objetivo de comenzar la producción en 2028. En ese contexto, el 28 de septiembre Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), mientras que el 30 de septiembre la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos y el gobierno británico convocó a la embajadora argentina Mariana Plaza para transmitir su protesta.
