El peronismo prepara una objeción a la privatización de AySA y pone en discusión el precio de 340 millones de dólares que aceptó el gobierno de Javier Milei por el 90% del paquete accionario. La crítica se concentra, además, en la conformación del consorcio que se quedó con la operación, en particular por el fondo offshore vinculado a Mauricio Filiberti y Walter Román. La empresa presta el servicio de agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
Cuestionamientos al precio
El diputado nacional Guillermo Michel sostuvo que el Gobierno no explicó cómo realizó la cotización de la empresa. “El concepto privatización es muy generoso, AySA fue mal vendida”, planteó en Futurock. También señaló que, según el último balance, la utilidad operativa fue de aproximadamente 270 millones de dólares y que el 90% se vendió en 340 millones. A partir de ese cálculo, afirmó que la recuperación de la inversión sería rápida y que el esquema permite usar las acciones como garantía para financiar la compra.
La estructura societaria
Según el material original, la privatización quedó en manos de Transclor, la empresa de Mauricio Filiberti, y de Rowing SA, la constructora de Walter Román. En el consorcio también aparecen la brasileña Arcos, que opera el servicio de agua en Río de Janeiro, y el fondo de inversión PHX, que concentra el 55% de la participación. El resto se distribuye entre Filiberti con 10%, Román con 20% y Arcos con 15%. El texto original indica que en el sector se sospechaba que detrás de esa estructura podrían estar los hermanos Neuss, aunque esa versión no aparece confirmada.
El fondo PHX
El diario La Nación reveló detalles sobre la conformación societaria de PHX. De acuerdo con esa publicación, el 18 de agosto se constituyó en Londres PHX Aqua Limited, con una acción de una libra que no fue pagada, y el 24 de agosto se inscribió en Ámsterdam PHX Aqua AR, con un capital de un euro también impago y sin empleados. La periodista Sofía Diamante informó, además, que el último eslabón es Phoenix Global Investment Fund, un fondo constituido en 2016 en Curaçao, sin caras visibles. Pese a que esas sociedades suman una libra y un euro de capital, el pliego exigía un patrimonio neto de US$300 millones o US$1000 millones en activos bajo gestión, pero el Gobierno les dio por cumplido ese requisito.
Tarifas y próximos pasos
En paralelo, el Gobierno concedió un nuevo aumento de tarifas que, según el texto original, alcanzará a casi dos millones de usuarios residenciales, es decir el 60% del total, con subas promedio del 22,6%. La argumentación oficial es que otro 20% tendría bajas. El material también menciona que la sospecha en el mercado era que José Luis Manzano iba a participar de la compulsa, pero finalmente se bajó. Con la objeción en preparación, el foco inmediato queda puesto en la firma del contrato y en la validez de la valuación utilizada para transferir el control de la empresa.
