La Comisión de Economía de Diputados, presidida por Julia Strada (UP), realizó este martes una reunión informativa en la que trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos y representantes de pequeñas y medianas empresas describieron una situación laboral y productiva que calificaron como comprometida. En el encuentro también se cuestionaron la apertura de importaciones y la presión impositiva, dos variables que los expositores vincularon con la caída de la actividad y del empleo. La exposición dejó planteado un cuadro de crisis en sectores industriales y agroindustriales, con reclamos por salarios adeudados, cierres y pérdida de puestos de trabajo.
Emergencia en el sector avícola
El diputado Sergio Palazzo (UP) informó que presentó un proyecto para declarar por un año la emergencia en el sector agroindustrial avícola. Sostuvo que la incertidumbre responde, por un lado, a la falta de intervención de la Secretaría de Trabajo de la Nación y, por otro, a que el sector empresario se siente “empoderado” a partir de la reforma laboral. En esa misma línea, los trabajadores de Granja Tres Arroyos expusieron atrasos salariales y dificultades derivadas del cierre de plantas y de la reestructuración empresarial.
El caso Granja Tres Arroyos
Ezequiel Centurión, trabajador despedido de la firma, afirmó que la situación en Capitán Sarmiento es “alarmante” y planteó que el problema excede a la empresa. Dijo que en 2024 la compañía presentó un preventivo de crisis y que, con aval de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se redujo el sueldo en un 11% para evitar el despido de 400 personas. Según su relato, desde entonces los salarios y el aguinaldo comenzaron a abonarse en cuotas y el poder adquisitivo se deterioró. También señaló que la crisis impactó en el comercio local y en el nivel de endeudamiento de los hogares del pueblo.
En la misma reunión, Walter Bárbara, trabajador de Concepción del Uruguay, sostuvo que la empresa decidió cerrar en mayo y que desde entonces no cobraron haberes. Indicó que son 950 las personas que quedaron afuera y que 480 tienen la certeza de estar despedidas, aunque todavía sin pago. Además, afirmó que el cierre dejó a familias sin ingresos y reclamó respuestas de la compañía. Otro de los expositores, Víctor Ávalos, junto a Joel Mujica, trabajadores despedidos de WADE del sector agrícola, describieron retrasos en el pago de quincenas y del aguinaldo, y señalaron que no recibieron información clara sobre la situación de la empresa.
Reclamos de PyMES
Desde la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, su jefe de Asesores, Eduardo Regondi, expresó solidaridad con los trabajadores y afirmó que las PyMES son generadoras de empleo. Sostuvo que el empresariado debe asumir su responsabilidad en el manejo de las compañías y dijo que el organismo está a disposición para acompañar soluciones. Luego, Sergio Talenti, empresario de Jorsa Argentina SRL, señaló que la firma lleva 70 años fabricando amortiguadores y que en los últimos años debió adaptarse a la competencia de productos chinos. Informó que en 2023 tenían 42 personas empleadas y que hoy son 17, y atribuyó la caída a la baja del consumo y a la apertura de importaciones.
Talenti también cuestionó el aumento de impuestos y sostuvo que las nuevas cargas buscan “sacarnos plata”, al tiempo que advirtió que la apertura importadora lleva a un escenario en el que las empresas locales no pueden competir. En la misma línea, Raúl Amil, en representación de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y titular de Ventalum SAIC, planteó la necesidad de reducir la presión impositiva sobre la producción, con foco en tasas municipales e Ingresos Brutos, el impuesto provincial que se aplica sobre la facturación. También expusieron referentes de la industria del calzado, del textil, del caucho, de motos, de porcelanatos, del comercio y de la gastronomía, con reclamos centrados en la caída del consumo, el contrabando, la falsificación y el costo fiscal.
Más presión sobre la actividad
El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Horacio Moschetto, afirmó que el sector atraviesa una situación “muy comprometida” por la baja del consumo y el aumento de las importaciones, que derivó en sobrestock. Agregó que el contrabando y la falsificación profundizan el problema. A su vez, Marcelo Salas Martínez, de Café Martínez, detalló que la cadena cuenta con 254 sucursales en Argentina, Uruguay y Paraguay, con 3.000 puestos de trabajo generados, y planteó un plan de expansión que podría llevar la plantilla a 10.000 empleados. Para ese objetivo, pidió un país abierto, menor gasto público, baja de impuestos y reducción de cargas laborales.
Al cierre del encuentro, los legisladores completaron cargos pendientes de la comisión. Rubén Darío Torres (LLA) renunció a la vicepresidencia segunda y pasó a la vicepresidencia primera; Martín Matzkin (LLA) quedó como vicepresidente segundo, y Nicolás Massot (Encuentro Federal) fue elegido secretario segundo. La discusión dejó abiertas dos variables que seguirán en agenda parlamentaria: el proyecto de emergencia para el sector avícola y el impacto de la política comercial e impositiva sobre el empleo industrial y pyme.
