¿Alguna vez te preguntaste qué pasa con la plata que nos sacan en cada llenado de tanque? La consultora nacional Galois hizo un ejercicio para mostrar exactamente cuánto le habría alcanzado a San Juan si esa renta se compartiera de la manera que llevan años pidiendo diversos gobernadores e intendentes. La respuesta es clara: si los fondos se hubieran repartido bajo el esquema clásico de la coparticipación federal, entre enero y julio de 2026 la provincia ya tendría $25.608 millones extra en caja.
Para que te hagas una idea del volumen total, el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) recaudó $3,8 billones en ese mismo lapso. El ejercicio apunta a demostrar que, aunque no quedaría todo para nosotros, San Juan sí terminaría ganándole varios metros a provincias vecinas. Por ejemplo, en este escenario hipotético, Mendoza se llevaría $31.590 millones adicionales, San Luis alcanzaría los $17.291 millones y La Rioja sumaría $15.686 millones.
Antes que nada, Galois avisa: esto no modifica la distribución vigente, es solo un mapa de caminos posibles. En la vida real, el sistema actual sigue andando. Sí, parte del dinero ya entra a la coparticipación, pero otra fracción se destina a asignaciones específicas que, desde el gobierno nacional aseguran, son vitales para mantener el equilibrio fiscal.
Para armar este análisis, los técnicos tomaron el 35,44% de la recaudación neta de este impuesto, que hoy tiene destinos marcados. Eso representa alrededor de $1,3 billones solo en los primeros siete meses del año. Si aplicamos la ruleta de la coparticipación sobre esa porción, verías que las 24 jurisdicciones provinciales en conjunto recibirían el 58,76% de esos recursos.
Te hago luz con cómo está montado el reparto ahora. Después de descontar el 1,9% correspondiente a ARCA, le toca un trozo al Estado central: el Tesoro Nacional se queda con el 10,40%, el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) con el 15,07% y el Sistema Único de Seguridad Social, con casi un tercio, el 28,69%. Lo que sobra, ese 35,44%, se divide en fondos específicos: 4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y 2,55% para la Compensación al Transporte Público.
El debate sobre cómo mover esta torta no viene de ayer y anda en los pasillos del Congreso hace tiempo. Ya en 2025, los gobernadores pusieron la mesa con una propuesta concreta: eliminar ciertos fondos dedicados y elevar la participación provincial hasta un 57,02%. El proyecto cruzó sin problemas el Senado, pero ahí frenó su avance en Diputados al no alcanzar la mayoría absoluta que exigía la regla para pasar. Así que, mientras tanto, los cálculos siguen circulando y la pregunta queda planteadas: ¿cuándo termina de ajustarse el sistema para que cada provincia cobre lo que realmente le corresponde?