El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) no tardó mucho en pasar factura. Ejecutó nuevos embargos preventivos sobre propiedades ligadas a la ex presidenta, y de paso incluyeron el departamento de San José 1111, justo donde ella está cumpliendo su arresto domiciliario. Ese inmueble le pertenece a Los Sauces S.A., la inmobiliaria familiar, y ahora suma la lista de bienes que van a usar para cubrir la condena de 685.000 millones de pesos, según revelaron las fuentes judiciales.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso dejaron claro algo importante: poner el sello de embargo no implica que vayan a rematar nada de golpe ni que cambie el dueño en papel en el registro. Tampoco están seguros si Cristina va a tener que buscar otro techo para seguir respetando su condena, porque el objetivo real es blindar los activos hasta que termine el proceso de decomiso.
Esta movida marca la segunda etapa de este operativo patrimonial. En la primera ya avanzaron sobre los 111 bienes que solicitó el fiscal Diego Luciani y el tribunal dio luz verde. Hace dos años, en noviembre de 2022, el mismo despacho ya ordenó empezar con 20 inmuebles de la familia Kirchner, 85 de Lázaro Báez y otros seis repartidos entre los demás implicados en el caso.
Recién la Cámara Federal de Casación Penal le dio el visto bueno a lo hecho por el TOF2 y pidió avanzar a full con el decomiso. Pero ni Cristina ni Báez piensan soltar tema y ya interpusieron recurso, así que ahora toca esperar a la Corte Suprema para ver si confirman estas medidas. Mientras tanto, el TOF2 está armándose un paquete bastante completo con 144 bienes adicionales, que mezcla casas, vehículos y participaciones accionarias en distintas compañías.
Hasta metieron mano a lo de los hijos. Habrá que asegurar cinco millones de dólares que tiene Florencia Kirchner guardados en una caja de seguridad del Banco Galicia. ¿Qué pasó con los activos de Máximo y Florencia? Porque la sentencia explica que el fraude en obras públicas le rindió frutos a Lázaro Báez y, por ende, también a toda la familia Kirchner.
Todo gira en torno a lo ocurrido entre 2003 y 2015, cuando quedó demostrado que había una conexión económica firme entre las empresas de Báez y los bienes de la pareja presidencial. Ahí estaba el tema de alquilar y explotar turísticamente propiedades de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. El recorrido que siguió el dinero ilegal para meterse en esas sociedades es clave en los fallos. Por eso, el tribunal decidió que cualquier cosa que compraran los condenados durante esos doce años puede irse al depósito judicial. Además, echaron mano al artículo 23 del Código Penal, una cláusula que permite alcanzar hasta a las empresas que se beneficiaron con el fruto de estos delitos.
