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Suspensión al juez Flores

Un llamado de atención de la Corte a los jueces

La sanción aplicada es el máximo correctivo que se le puede imponer a un juez, además es inédita, por primera vez en la historia de tribunales se aplicó un pena de tal magnitud.

Jueves, 09 Agosto 2018 22:19


La resolución de la Sala III de la Superintendencia de la Corte que suspendió al juez Pablo Flores por 30 días en su cargo sin goce de su sueldo, no solamente fue un correctivo para el magistrado penal sino también un llamado de atención del máximo tribunal de Justicia a todos los jueces provinciales.La resolución de la Sala III de la Superintendencia de la Corte que suspendió al juez Pablo Flores por 30 días en su cargo sin goce de su sueldo, no solamente fue un correctivo para el magistrado penal sino también un llamado de atención del máximo tribunal de Justicia a todos los jueces provinciales.La sanción aplicada por los cortistas Abel Soria Vega, Guillermo De Sanctis y Adolfo Caballero no es menor, es grave, es el máximo castigo que se le puede imponer a un juez, además es inédita, por primera vez en la historia de los tribunales sanjuaninos se aplicó un pena de tal magnitud a un magistrado.Con esta decisión, el máximo tribunal de Justicia también está marcando el camino que deben seguir los jueces: tener al día y en orden sus respectivos Juzgados, situación que es auditada por la Dirección de Control y Gestión, dirección que se creó el año pasado en el Poder Judicial; en el caso de no cumplir con las pautas establecidas se le realiza un llamado de atención; si persiste en su incumplimiento, la situación es evaluada y en caso de corresponder se le aplica un sanción. Flores, no fue el único juez al que advirtió la Corte de Justicia sobre irregularidades y morosidad. Luego de que la Dirección de Control y Gestión auditara sus Juzgados, las juezas María Elena Videla y Mónica Rodríguez también fueron advertidas (ver nota relacionada).Según señalaron altas fuentes judiciales la Superintendencia de la Corte no pidió el jury contra el titular del Segundo Juzgado de Instrucción Penal porque no se daban las causales establecidas en la ley para solicitarlo.Con relación al desempeño de Flores, el Acuerdo de Superintendencia 45 sostiene que “se evidencia un relajamiento en el compromiso con el ejercicio de la función jurisdiccional, puesto de manifiesto en la falta de conducción y liderazgo, marcado desorden funcional en orden a lo jurisdiccional y administrativo, lo que ocasionó morosidad en la tramitación de causas”. “Esta sala advierte que el juez Flores no ha dado respuesta a la totalidad de los requerimientos oportunamente realizados habiéndose limitado, en algunos casos, a la simple descripción de actos procesales, sin emitir juicio de valor, lo que sumado al incumplimiento del acuerdo  15/17 referente a ANIVI manifiesta una evidente falta de conducta con la corte de Justicia”, añade la resolución firmada por Soria Vega, Caballero y De Sanctis.Sobre la causa del ginecólogo Martínez, caso que dio origen a la auditoría, el fallo dice que el juez (Flores) “no ha valorado con suficiente entidad la importancia de dicho proceso atendiendo a sus circunstancias, de persona, tiempo y lugar, con el agravante de haberlo enviado al Archivo, sin más tramitación, a pesar de haber regresado de la Cámara de Apelaciones”.A partir de hoy el juez Flores (que en la jornada de ayer fue notificado de la sanción) estará suspendido en su cargo, sin goce de sueldo, hasta el próximo 10 de septiembre.Cuando regrese, el magistrado tendrá un plazo de siete días para precisar un plan de trabajo en donde deberá “precisar las actividades a su cargo y de cada uno de sus funcionarios y empleados del Juzgado, así como las medidas a implementar a los fines de eliminar el desorden funcional y la morosidad en la tramitación de causas”.El plan de trabajo deberá ser aprobado por la Corte y luego  auditado por la Dirección de Control y Gestión.

La jueza Videla presentó la renuncia, Rodríguez en la mira
En una situación similar a la del juez Pablo Flores se encuentran las magistradas María Elena Videla, titular del Séptimo Juzgado Civil, y Mónica Rodríguez del tercer Juzgado Laboral.En una situación similar a la del juez Pablo Flores se encuentran las magistradas María Elena Videla, titular del Séptimo Juzgado Civil, y Mónica Rodríguez del tercer Juzgado Laboral.Videla fue denunciada por sus empleados por supuestos malos tratos a principios de este año. Además, una auditoría arrojó una importante morosidad en su Juzgado. En febrero se la suspendió provisoriamente de su cargo y se le inició un sumario.A principios de este mes, y luego de 6 meses de investigación, la instructora sumariante (encargada de investigar las denuncias contra la magistrada) formuló cargos contra la jueza.Según lo señalado por el cortista Guillermo De Sanctis, la jueza Videla presentó el miércoles pasado su descargo ante los cargos presentados, y también, presentó la renuncia a su cargo, dimisión que está sujeta a que le salga el beneficio jubilatorio.Con relación a la jueza laboral Mónica Rodríguez, luego de una auditoría realizada, se le advirtió por morosidad en más de 120 expedientes. Después de siete meses, su Juzgado fue sometido a otra auditoría y si bien la jueza había resuelto algunas causas, no se había puesto al día como se pretendía desde el máximo tribunal de Justicia.La Corte está evaluando la situación de Rodríguez y en cualquier momento podría tomar una decisión con relación a su actuación.



Eduardo Merino

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