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Administración Pública

Ampliaron la denuncia por la contratación de la ART

Los abogados Seguí y Arancibia presentaron una ampliación de la denuncia, formulada hace un par de semanas atrás, por el contrato con el Instituto del Seguro de Entre Ríos, durante la gestión de Walter Lima como Secretario General de la Gobernación.

Lunes, 20 Marzo 2017 22:43

 

Los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia presentaron ante el Cuarto Juzgado Correccional, a cargo de la jueza Silvina Roso de Balanza, una ampliación de la denuncia que realizaron semanas atrás y en donde se solicitó se investigue las importantes cifras que pagó la Provincia al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), entre 2005 y 2015, en las contrataciones de los seguros de ART para los estatales sanjuaninos.
Los abogados incorporaron a la denuncia la causa que se está llevando adelante en Entre Ríos y en donde se investiga por presunto enriquecimiento ilícito y también por negocios incompatibles con la función pública, al exgerente general del IASPER, Martín Fernández.
El funcionario entrerriano está denunciado en una causa que lleva adelante el fiscal Álvaro Piérola donde existe documentación que indica la posibilidad de que se cobraran comisiones millonarias por los seguros vendidos a San Juan y de la supuesta existencia de un circuito de coimas del que Fernández habría sido parte, indicaron medios de Entre Ríos.
Además, según señaló Diego Seguí: “También presentamos una causa civil que cayó en nuestras manos y que podría acreditar el vínculo entre Walter Lima y Moisés Lara. La causa es por un accidente de tránsito que tuvo Lima, quien conducía un vehículo que estaba inscripto registralmente a nombre del hijo de Lara, y los únicos que tenían la tarjeta azul del auto eran Moisés Lara y Lima”.
La semana pasada, la fiscal Silvina Gerarduzzi había solicitado al Ejecutivo provincial una serie de documentación sobre el contrato que había firmado el Gobierno Provincial con el IASPER entre 2005 y 2015. El estudio de esta documentación le permitiría a la fiscal determinar si existen o no elementos para abrir una investigación y en caso de haberlos, determinar si es competente para investigarlos.










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Eduardo Merino

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