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Viernes, 25 de Mayo de 2018 | San Juan | Argentina

 

Fraude contra el estado provincial

Pidieron la elevación a juicio de la causa de las expropiaciones

Carlos Rodríguez. El fiscal pidió ayer la elevación a juicio de la megacausa de las expropiaciones. Carlos Rodríguez. El fiscal pidió ayer la elevación a juicio de la megacausa de las expropiaciones.

El fiscal Carlos Rodríguez presentó ayer el pedido ante el titular del Quinto Juzgado de Instrucción Penal, Benedicto Correa y solicitó que ocho personas sean llevadas a juicio oral, entre ellas, los abogados Graffigna y Alday, y los exjueces Macchi y Marún de Sobelvio.

Lunes, 12 Marzo 2018 23:15


El fiscal Carlos Rodríguez le pidió al juez Benedicto Correa que la megacausa de las expropiaciones, que se inició en 2010, sea elevada a juicio oral. La presentación la realizó en la mañana de ayer en el Quinto Juzgado de Instrucción Penal.
En el escrito presentado, el fiscal “considera acreditada la existencia de los hechos delictuosos por parte de los imputados, como así también la autoría de los procesados en los mismos, quienes en tal sentido deberán responder penalmente”.
“Nada fue casual, fortuito o accidental, por el contrario, todo fue debidamente pensado, planeado, deliberado y consecuente a la finalidad propuesta: el saqueo de las arcas del estado provincial, en beneficio de unos pocos individuos inescrupulosos, que bajo el escudo de un título profesional, de un cargo de juez o de peritos que con sus dictámenes sobrevaloraron o sobredimensionaron los valores de los inmuebles objetos de la expropiacion y los rubros reclamados por el doctor Santiago Graffigna, prestando su anuencia a la consecución del fin espurio perseguido por el letrado en la causa penal”, agrega.
Rodríguez señala que se “trató de una organización estable que se mantuvo en el tiempo dándose en forma reiterada la misma circunstancia o elementos que califican la organización criminal, existiendo también una suerte de complacencia técnica hacia las pretensiones ilegales de Santiago Graffigna con los peritos intervinientes en estos procesos”.
En razón de lo expresado, el Ministerio Público Fiscal solicitó que sean llevados a juicio oral los abogados Santiago Graffigna, considerado como el presunto organizador de la asociación ilícita que se quedaba con cifras millonarias al inflar los valores de los terrenos que el Estado expropiaba y Horacio Alday; los exjueces Carlos Macchi y Rosalba Marún de Sobelvio; la experito de la Fiscalía de Estado Ana María Melvin; y los peritos de Graffigna, Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos.
Rodríguez pidió al juez Correa que eleve a juicio la presente causa seguida en contra de Santiago Graffigna por ser “autor principal en el delito de fraude contra la administración pública en función del delito de estafa (7 hechos); tentativa de fraude en función del delito de estafa (8 hechos); jefe organizador en el delito de asociación ilícita, defraudación por ocultamiento o sustracción de prueba todos bajo la regla del concurso real”.
Al abogado Horacio Alday, la fiscalía lo considera “integrante del delito de asociación ilícita y partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en función del delito de estafa (4 causas); encubrimiento por receptación dolosa agravada por ánimo de lucro (5 hechos); y defraudación por ocultamiento o sustracción de medios o elementos de prueba (Luis Carbajal)”.
En tanto al exjuez Carlos Macchi, se lo señala “por ser penalmente responsable de los delitos de fraude contra la administración pública en función del delito de estafa ( 2 hechos); tentativa de fraude en función del delito de estafa (3 hechos); e integrante del delito de asociación ilícita, todo bajos las reglas del concurso real”.
A la también exmagistrada Rosalba Marún de Sobelvio, el fiscal le apunta los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública en función del delito de estafa (3 hechos); tentativa de fraude en perjuicio de la administración pública en función del delito de estafa (3 hechos) e integrante del delito de asociación ilícita todos bajos las reglas del concurso real e incumplimiento a los deberes de funcionario público en concurso ideal”.
Por su parte la experito de la Fiscalía de Estado, Ana María Melvin, se la menciona en el pedido como “penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en función del delito de estafa (8 hechos); tentativa de fraude en perjuicio de la administración pública en función del delito de estafa (4 hechos); e incumplimiento de los deberes de funcionario público e integrante del delito de asociación ilícita, todos bajos las reglas del concurso real”.
Fernando Videla, uno de los peritos de Graffigna, Rodríguez lo señala como penalmente responsable por los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública en función del delito de estafa (1 hecho); tentativa de fraude en función del delito de estafa (3 hechos); e integrante de asociación ilícita, todos bajos las reglas del concurso real”.
A otros de los peritos del abogado, Juan Pablo Quiroga, se lo indica como penalmente responsable de “tentativa de fraude en perjuicio de la administración pública en función del delito de estafa (3 hechos) e integrante del delito de asociación ilícita, ambos bajo las reglas del concurso real”.
En tanto a Víctor Hugo Bustos, otro de los peritos del sindicado como jefe de la asociación ilícita, Graffigna, se lo señala como responsable de los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública en función del delito de estafa (3 hechos) e integrante del delito de asociación ilícita en concurso real.
Ahora el titular del Quinto Juzgado de Instrucción Penal, Benedicto Correa, deberá notificar a las partes para que en el término de 6 días consientan el pedido o soliciten el sobreseimiento.
En el caso de que las partes soliciten el sobreseimiento y el magistrado lo rechace, esa decisión no admite recurso de apelación e inmediatamente se clausuraría la etapa de instrucción y la causa se elevaría a juicio oral.















Eduardo Merino

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